En la persecución a los usuarios de drogas, la Justicia brasileña no respeta la Constitución Federal y actúa en connivencia con las policías para intervenir ilegalmente en las viviendas. Así lo asegura un estudio realizado por el Centro para la Justicia y el Derecho Racial de la Fundación Getúlio Vargas, en donde se analizaron más de 1.800 condenas penales en los siete estados principales del país sudamericano. Además, asegura que el 90% de los allanamientos se produjeron sin una orden judicial.
El estudio analizó casi dos mil causas judiciales de los tribunales de Bahia, San Pablo, Rio de Janeiro, Paraná, Sergipe, Goiás y Pará. En el 60% de los casos las intervenciones ilegales de la policía en los domicilios se produjeron a partir de una “denuncia anónima” sobre la presencia de sustancias prohibidas en el domicilio. El 31% de los allanamientos se originó por “patrulleros rutinarios”. El 9% restante se debe a “denuncias de transeúntes y terceros”, que puede significar vecinos.
“La denuncia anónima indica que hay trata en un determinado lugar. La policía acude allí –generalmente, a la casa del acusado- y pide permiso para entrar. Un residente, que suele ser un familiar, concede el acceso. Se llama ‘entrada de franquicia’”, explica la autora de la investigación, Amanda Pimentel. Sin embargo, ella explica que “la denuncia debe ir acompañada de diligencias que busquen acreditar la veracidad de su contenido. Además, la autorización para entrar en la residencia no se puede obtener mediante coerción o violencia. La mera sospecha no puede autorizar la entrada en la casa”, asegura.
Ante la ilegalidad de los procesos policiales, la investigación también detalla que los abogados de los acusados han solicitado la nulidad de los casos judiciales. En un 97% correspondió a la violación domiciliaria. Pero en ninguna ocasión ha sido tomado en cuenta. “Los jueces suelen justificar sus sentencias argumentando que las sospechas de los policías, ya sean motivadas por denuncias anónimas o por patrullas, son suficientes para autorizar la entrada en el domicilio de los acusados”, dice Pimentel.
