Desde la entrada en vigor del Cannabis Act en 2018, el mercado canadiense ha vivido transformaciones significativas. A la estabilización del consumo y la diversificación de formatos se suma ahora una demanda ciudadana por modernizar el enfoque regulatorio. La encuesta realizada por Abacus Data muestra que más de un tercio de la población ha consumido cannabis en los últimos seis meses y un 32% lo hizo en las dos semanas previas al sondeo.
Pero el dato que sobresale no es solo el uso extendido, sino la percepción de que la industria legal de cannabis debe ocupar un rol económico más relevante. Prácticamente seis de cada diez personas encuestadas están de acuerdo con que el gobierno federal trate al sector cannábico como estratégico, una categoría que implica apoyo institucional, incentivos fiscales y una planificación multisectorial.
El llamado a incorporar al cannabis en la agenda económica no surge desde el activismo, sino desde el propio electorado. Coberturas en medios especializados como mgmagazine.com han documentado cómo aumenta la presión para que ministerios como Industria, Agricultura o Finanzas participen de las decisiones regulatorias junto con Salud. En este escenario, destacan propuestas como reducir la carga impositiva sobre productores licenciados, abrir nuevas categorías (comestibles, bebidas, productos de bienestar) y enfrentar con mayor eficacia la persistencia del mercado ilícito.
La convergencia de encuestas, estudios sectoriales y percepción ciudadana perfila un cambio de época. El énfasis ya no está solo en controlar riesgos, sino en habilitar desarrollo económico formal. Según el monitoreo oficial, el consumo no se ha disparado desde la legalización, y los usos problemáticos no han aumentado de forma significativa. Esto fortalece la idea de que la regulación no solo cumple objetivos sanitarios, sino que puede ser compatible con dinamismo productivo.
Canadá ofrece un caso de referencia planetaria para las políticas de drogas en el siglo XXI. El debate que se da en ese país ya no se centra en "si" legalizar, sino en "cómo" consolidar una industria que genera empleo, paga impuestos y desplaza a los mercados ilegales.
