En 2024, las fuerzas policiales de EE UU realizaron al menos 204.036 detenciones por delitos relacionados con cannabis, cifra muy similar a la registrada en 2023. De ellas, un 92% (187.792) correspondió a posesiones simples, mientras que solo 16.244 estuvieron ligadas a actividades de venta o producción. Las cifras provienen del Crime Data Explorer del FBI y fueron sistematizadas por la organización NORML.

Los datos confirman una tendencia persistente que indica que, en estados donde el cannabis sigue penalizado, esta sustancia concentra la mayor parte de las detenciones por drogas. En Idaho, Iowa, Luisiana, Nebraska y Wisconsin, el cannabis representó más del 50% de los arrestos por drogas. Otros nueve estados, entre ellos Alabama, Indiana y Utah, superaron el 40%. Incluso en el Distrito de Columbia, donde la posesión es legal, el 42% de las detenciones por drogas fueron por cannabis.

El contraste con los estados que legalizaron el uso adulto es notorio. En territorios como California, Massachusetts o Nueva Jersey, las detenciones por cannabis no alcanzan el 5% del total de arrestos por drogas. Sin embargo, algunos matices subsisten. Illinois, que reguló el mercado en 2019, registró que un tercio de sus detenciones por drogas todavía fueron por cannabis, lo que sugiere que las prácticas policiales y los tipos penales locales siguen influyendo.

También se observa que en estados con legislaciones prohibicionistas, más del 97% de los arrestos por cannabis fueron por posesiones menores. Es decir, conductas de bajo daño social que sin embargo arrastran consecuencias significativas: antecedentes penales, obstáculos laborales, estigmatización y afectación desproporcionada a jóvenes, personas de bajos ingresos y comunidades racializadas.

Los datos de 2024 consolidan una evidencia que es difícil de ignorar y que apunta a que la criminalización del cannabis redirige el aparato penal hacia la persecución de la tenencia o porte, más que del tráfico. En un país donde el mismo acto puede ser legal o motivo de arresto dependiendo del código postal, el debate sobre la despenalización federal sigue pendiente. Mientras tanto, miles de personas siguen enfrentando detenciones por un comportamiento legal en buena parte del territorio.