Aunque las diferentes regulaciones responden a agendas locales, la mayoría buscan normar el mercado de derivados de cáñamo. Con límites de potencia, nuevas licencias, ajustes al retail y, en algunos casos, mayores impuestos, los estados buscan proteger al consumidor y volver más trazable la cadena comercial.

En Alabama, la norma exige licencias, certificados de análisis por lote, rotulado y envases a prueba de niños, además de fijar topes de THC por porción y por paquete. También limita la venta quedando prohibidos el comercio online, el delivery, los envíos directos y las máquinas expendedoras. A ese giro regulatorio se suma un impuesto especial del 10% sobre la venta minorista.

California adopta una estrategia distinta restringiendo el uso de extractos a los que no contienen THC detectable y sin cannabinoides sintéticos. En la práctica, la medida reduce la oferta de productos y refuerza el poder de retiro y fiscalización, en un estado donde el cannabis licenciado convive con derivados que suelen circular fuera de dispensarios.

En Washington, el foco está en la arquitectura del negocio minorista.  y apunta a desarmar mecanismos de control indirecto que conecten tiendas sin transparentar propiedad. La Liquor and Cannabis Board queda a cargo de revisar esos acuerdos y sancionar incumplimientos. En paralelo, se permitirá hasta cuatro letreros exteriores por local y excluye del conteo la señalización pequeña, buscando ordenar la visibilidad sin habilitar publicidad agresiva.

Kentucky, por su parte, decidió tratar las bebidas con THC como alcohol, fijando un máximo de 5 miligramos de THC por envase, limita la venta a minoristas con licencia de alcohol y prohíbe su comercialización en festivales y eventos públicos. 

Por su parte, Michigan suma a las regulaciones que si inician con la llegada de 2026, destacando un impuesto especial del 24% sobre transferencias mayoristas de marihuana, administrado por el Department of Treasury.

Leídas en conjunto, las reformas confirman que la discusión ya no es solo “legalizar o no”, sino cómo se gobiernan mercados que se expandieron más rápido que sus marcos de control. En 2026, los estados empujan hacia generar menos ambigüedad en el cáñamo, más trazabilidad comercial y un Estado que busca equilibrar salud pública, competencia regulada y recaudación sin perder legitimidad.