El marco nacional en que se mueve actualmente el cannabis ayuda a entender el tono del debate. Si el traslado de la marihuana a la Lista III avanza, el gobierno federal estaría reconociendo usos médicos y podría aliviar algunas trabas regulatorias y fiscales asociadas al sector. Sin embargo, eso no equivale a legalización ya que la prohibición federal del uso recreativo seguiría vigente.

En paralelo, crece la discusión sobre productos de cáñamo con efectos psicoactivos que son vendidos en estaciones de servicio y tiendas minoristas. Ese fenómeno está reforzando, en varios estados, el argumento de una regulación integral donde, para algunos legisladores, es preferible ordenar un mercado de cannabis que perseguir, sin herramientas claras, una zona gris.

Florida concentra el pulso más visible para el uso adulto y se intenta volver a colocar en discusión la legalidad de la marihuana recreativa. Sin embargo,  se necesitan 880.062 firmas válidas antes del 1 de febrero de 2026 para lograr incluirlo en la boleta de votación para una enmienda constitucional.  Hoy el registro público ronda las 714.888 firmas validadas, aún por debajo del mínimo, mientras la campaña denunciaba retrasos en la actualización del conteo. A esto se suma el frente judicial con demandas por invalidaciones masivas y la revisión de constitucionalidad en la Corte Suprema del estado, donde la Fiscalía General y otros opositores cuestionan el texto.

En Hawái, donde la legalización se ha trabado en la Cámara, se presentaron iniciativas para que la decisión pase a votación popular. En New Hampshire, la Cámara aprobó el 7 de enero un proyecto de legalización, pero el Senado sigue siendo el dique y la gobernadora Kelly Ayotte insiste en su veto, lo que reabre la idea de una enmienda constitucional sometida al electorado.  En Pensilvania la discusión está estancada en torno al modelo de legalización y, a la vez, crece la presión por regular el cáñamo con efecto psicoactivo.

En el mapa medicinal todavía quedan obstáculos. En Idaho activistas juntan firmas para una iniciativa médica con plazo al 30 de abril de 2026, mientras el estado llevará en noviembre una enmienda (HJR 4) para limitar futuras legalizaciones por iniciativa ciudadana. Carolina del Norte, por su parte, instaló un consejo asesor para ordenar el mercado y entregar recomendaciones en marzo.

En cambio, las propuestas en los estados de Arizona, Maine y Massachusetts apuntan –con medidas regresivas– a vaciar o eliminar las ventas recreativas. En Ohio ocurrió un choque típico del ciclo cannábico: el electorado aprobó la legalización en las urnas, pero luego la Legislatura votó cambios para recortar esa norma. Ahora, organizaciones civiles intentan anular esas modificaciones y volver al texto aprobado por los votantes.

En 2026, legalizar deja de ser una meta única en Estados Unidos y se vuelve un terreno de disputa permanente, ya que mientras Washington se acelera la reclasificación a Lista III, en otros estados la batalla pasará por el cómo y por quién fija los límites. Sin embargo, la ola de iniciativas de reversión y enmiendas como la HJR 4 en Idaho recuerdan que cada avance abre, también, un nuevo frente de resistencia.