El 1 de julio de 2021, Connecticut se convirtió en el decimonoveno estado de EE UU en legalizar el uso recreativo del cannabis. A partir de enero de 2023 se habilitaron las primeras ventas minoristas para adultos y, en apenas cinco meses, el mercado recreativo superó en volumen al terapéutico. Desde entonces, esta tendencia no ha dejado de consolidarse.

La ley permite a cualquier persona mayor de 21 años poseer hasta 42 gramos de cannabis en espacios públicos y hasta 141 gramos en su residencia privada. Las personas con tarjeta médica pueden portar legalmente hasta 141 gramos en cualquier lugar. 

Aunque ambos mercados ofrecen productos similares, las condiciones para usuarios terapéuticos incluyen exenciones fiscales, acceso a formatos exclusivos como supositorios o sublinguales y ausencia de restricciones en la potencia del producto.

En contraste, el uso recreativo está regulado por topes de concentración: 30% de THC en cogollos y 60% en otros productos, con una ampliación prevista a 35% y 70% respectivamente a partir de octubre de 2025. Las tasas impositivas también varían según el tipo de producto y su contenido de THC, siendo los comestibles los más gravados.

La estructura fiscal del cannabis en Connecticut incluye un impuesto específico por THC, además de tasas estatales y locales, lo que permitió al estado recaudar 49.4 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2024. De ese total, 21.3 millones provinieron exclusivamente del impuesto cannábico. El producto estrella en ventas siguen siendo los cogollos, tanto en el ámbito médico como recreativo.

A nivel comercial, la transición ha sido significativa. De los nueve dispensarios híbridos que existían a comienzos de 2023 se pasó a 64 establecimientos un año después, aunque el número ha ido variando. En la actualidad, Connecticut cuenta con 36 dispensarios exclusivamente recreativos y 35 híbridos. Solo uno se mantiene como exclusivamente terapéutico.

No obstante, los usuarios de cannabis terapéutico siguen enfrentando barreras particulares: la renovación anual de la tarjeta requiere consulta con personal sanitario, con costos que oscilan entre 100 y 350 dólares. Para menores de edad, el acceso está condicionado por diagnóstico legislado, consentimiento parental y supervisión de un cuidador legal.

El caso de Connecticut ilustra cómo la legalización del cannabis no solo transforma los mercados y mientras el uso adulto gana terreno, la sostenibilidad del acceso terapéutico sigue siendo una deuda pendiente.