Desde que comenzaron las ventas legales para uso adulto en agosto de 2024, Ohio ha consolidado un ritmo sostenido de comercialización que se apoya en la infraestructura preexistente del sistema médico. De acuerdo con la División de Control del Cannabis del Departamento de Comercio estatal, el hito de los 3.100 millones de dólares fue superado a mediados de octubre y publicaciones especializadas estiman que el pasado 27 de ese mes el total ascendía a 3.160 millones.

En paralelo, los precios del cannabis se han mantenido relativamente estables. Durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre, el precio promedio del gramo de cogollos fue de un poco más de 6 dólares, mientras que los productos manufacturados se ubicaron en torno a los 25 dólares por unidad. Esta tendencia sugiere un proceso de maduración del mercado, favorecido por una mayor competencia, aumento de la oferta y una regulación que ha facilitado la reconversión de licencias desde el ámbito médico.

En términos de acceso, el estado cuenta con 462.197 personas registradas en el sistema medicinal, que incluye categorías específicas como veteranos, personas con bajos ingresos y diagnósticos terminales. Aunque los reportes indican una disminución de pacientes "activos" desde la apertura del uso adulto, la coexistencia de ambos regímenes evidencia una transición gradual y controlada.

A nivel estructural, el engranaje productivo y comercial se ha ajustado a la demanda mediante dispensarios de doble uso, cultivos autorizados, laboratorios certificados y procesadores habilitados bajo estándares estatales. Si bien el número de licencias varía con cada actualización, el conjunto sugiere un proceso de normalización regulatoria que ha logrado canalizar parte del consumo desde circuitos informales hacia un sistema trazable, con controles de calidad y datos públicos.

El caso de Ohio refuerza la idea de que cuando existe voluntad política, supervisión estatal y regulación clara, el mercado legal de cannabis puede absorber la demanda existente y transformar el paisaje del consumo. No se trata de fomentar el uso, sino de reconocer su realidad y acompañarla con herramientas que protejan la salud pública y ordenen la economía del sector.