Para entender la discusión lo primero que se debe contemplar es que la FDA sostiene que el kratom no está legalmente comercializado como medicamento, suplemento dietario ni aditivo alimentario y que no tiene usos aprobados. Ese “vacío” produce un mapa fragmentado y sin reglas federales claras donde cada legislatura estatal decide si enfrenta un mercado a regular o una sustancia que se debe prohibir.

Del lado regulatorio, Washington volvió a escena con el proyecto (HB 2291) que propone licencias para procesadores y minoristas, restricción a mayores de 21 años, testeo en laboratorios acreditados y obligaciones de etiquetado. El detalle que hoy condensa el debate es el límite de 7-hidroximitraginina (7-OH), impidiendo productos donde ese alcaloide supere el 2%. En la práctica, el proyecto intenta separar hoja y extractos “tradicionales” de concentrados diseñados para maximizar potencia.

Del lado punitivo, en Iowa, el  proyecto de ley (HF 2133) busca ubicar el kratom en Lista I bajo ley estatal. En South Dakota, el (SB 77) empuja una prohibición total y, según el trámite legislativo seguido por prensa local, contempla penas como delito menor.

Las propuestas se dan en un contexto donde la FDA  ya ha realizado acciones coordinadas con el Departamento de Justicia y los U.S. Marshals para decomisar unas 73.000 unidades valuadas en torno a un millón de dólares, enfocada en productos de 7-OH y, este años, la autoridad de alcohol de California advirtió a licenciatarios sobre la ilegalidad de vender kratom, confirmando que el conflicto regulatorio se está irradiando hacia otras áreas de control comercial.

En este contexto, el kratom obliga a que se discuta entre regulación sanitaria –con trazabilidad y límites de potencia– o prohibiciones que empujan el mercado informal y, de paso, criminalizar a los usuarios ya que los diferentes proyectos sugieren que el dilema real no es la planta, sino el diseño institucional que se construya.