Hace poco más de un mes, un importante empresario del cannabis en Uruguay fue asesinado en su hogar ubicado en la exclusiva ciudad costera de Punta del Este. Gonzalo Aguiar murió por varios disparos que impactaron en su pecho y que salieron de un arma que sostenía su esposa, Romina Camejo. La mujer está detenida desde la noche del 27 de febrero. Pero desde esa fecha, la prensa uruguaya no para de descubrir los acontecimientos inescrupulosos que envolvían a una de las figuras más importantes de la industria de la planta en el país charrúa.

El empresario asesinado generaba tanta confianza que, hasta el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, asistió en 2020 a la inauguración de predio de cinco mil metros cuadrados para cultivar cáñamo que llevaba adelante Aguiar. El proyecto pretendía ser la planta industrial más grande de América Latina y así lo vendió Aguiar, quien consiguió que unos canadienses le inviertan unos 27 millones de dólares. Sin embargo, ahora con el crimen sucedido y una investigación más importante de lo que imaginaba la policía, se ha difundido que la puesta en marcha costó unos 10,5 millones de dólares. La diferencia de 17 millones de dólares fue depositada en cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales y también se utilizó para la compra de grandes propiedades y automóviles de alta gama.

Al tiempo de la inversión, los canadienses esperaban recibir los primeros dividendos. Pero Aguiar fue poniendo excusas y jamás envió un centavo. Mientras, el cultivo de cáñamo fue disminuyendo año a año. Hasta que, a mediados del pasado julio, Aguiar se vio acorralado porque los canadienses lo demandaron por estafa y cerró la compañía Boreal de un día para el otro. Los más de 400 trabajadores fueron despedidos vía Whatsapp.

Ahora, la última novedad del caso es que se pusieron a la venta las instalaciones de la empresa Boreal para saldar la totalidad de sus deudas. La más importante de ellas es la que aún mantiene con los proveedores de la obra de construcción y después les siguen los trabajadores que todavía no cobraron el seguro de despido. El abogado que representa a los ex empleados, Pablo Perna, le dijo al medio uruguayo El Observador que se llegó a un acuerdo con la compañía quebrada, en el que Boreal no se podrá vender a un precio menor del 50% de lo que está tasado el activo, valuado en unos 7 millones de dólares. Los 3,5 millones de euros saldarían todas las deudas.

Para que el caso se resuelva aún le falta un largo trecho. En ello están trabajando de forma separada las fiscalías de Delitos Financieros y la de Lavados de Activos, a cargo de Gilberto Rodríguez y Enrique Rodríguez, respectivamente.