Desde 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal con más poder en México, ha emitido varias sentencias que reconocen los derechos de los usuarios de cannabis para consumir marihuana y el derecho de los pacientes a acceder a marihuana medicinal.

El tribunal dio un periodo de un año para que se hicieran efectivas, de modo que las sentencias reactivaron el proceso de regulación del cannabis para uso medicinal y recreativo en México. Pero a principios de noviembre, cuando iba a acabar el periodo establecido por la Corte Suprema, el Senado del país ha aplazado el proceso de regulación. Según ha publicado El País los legisladores mexicanos no se han puesto de acuerdo en la forma de llevar a cabo de regulación. Activistas y grupos que defienden la legalización están preocupados por que la esperada regulación acabe por llevarse adelante de forma deficiente y descuidada, así como por la posibilidad de que la normativa de regulación se diseñe acorde a los intereses de las grandes empresas y deje de lado a las compañías pequeñas. Varios gigantes de la industria cannábica han mostrado interés abiertamente por instalar parte de su producción en México y están tratando de influir en el proceso de regulación. El 17 de octubre se presentó un borrador de ley de 74 artículos que contempla reglas estrictas de etiquetado y obliga a hacer un seguimiento desde las semillas hasta que el producto a la venta con pruebas de laboratorio. Por esta razón varias organizaciones activistas creen que el procedimiento puede dejar fuera del mercado a los pequeños productores.