El fiscal general de Emiratos Árabes ha otorgado a los tribunales del país la potestad para tratar los delitos relacionados con el uso de drogas como sanciones administrativas en lugar de como delitos penales que impliquen condenas de cárcel. La decisión del fiscal también ha incluido rebajas en el tratamiento de un total de 13 delitos, entre los que se encuentran la posesión de drogas, la embriaguez pública o la conducción con una licencia vencida.
Según ha publicado The National News, a partir de ahora los jueces tendrán la potestad para evitar que una persona vaya a la cárcel en caso de que haya sido hallada en posesión de una cantidad de droga que pueda entrar en el margen del uso personal. Las personas que sean pilladas con una cantidad menor de drogas se enfrentarían a una multa de entre 10.000 y 30.000 dirhams (entre 2600 y 7800 euros) para una primera infracción, y de 50.000 dirhams (12.900 euros) en caso de que sea la tercera infracción.
“La nueva ley antidrogas considera el hecho de que algunos usuarios son pacientes y víctimas de los traficantes de drogas”, dice un artículo del fiscal general del país, Hamad Saif Al Shamsi, publicado por la agencia de noticias estatal, en el que también afirma que los fiscales tienen como objetivo “resolver rápidamente las demandas y brindar servicios judiciales y legales innovadores, que estén en línea con las tendencias globales, y satisfagan las necesidades de la comunidad”. El comunicado fue acompañado de un vídeo en que aparecen varios presos con problemas de adicciones lamentando sus acciones y pidiendo una oportunidad para reformarse.
Las penas aplicadas para el tráfico de drogas siguen siendo tan estrictas como antes, y se aplica una sentencia mínima de cinco años y una sentencia máxima de pena de muerte. En noviembre del año pasado el país suavizó su ley de drogas y anunció que una persona que fuese hallada por primera vez en posesión de cannabis no iría directamente a la cárcel. Unos meses antes, se comunicó de forma no oficial la imposición de una moratoria para las condenas de pena de muerte por casos de tráfico de drogas.
