El texto delimita lo permitido, dejando el consumo personal fuera del marco, igual que los comestibles, suplementos dietarios, productos veterinarios y artículos para fumar. También se prohíben cosméticos con cáñamo, salvo excepciones acotadas —como aceites de semillas o tallos— que deberán contar con permisos adicionales. Cualquier sustancia con potencial narcótico o psicoactivo vuelve al terreno penal.

El control agrícola es central. El cultivo solo podrá hacerse en zonas designadas por cada emirato y aprobadas a nivel federal, cercadas y monitoreadas, con acceso restringido y personal habilitado. El umbral de THC se fija en 0,3% y exige tests periódicos; los excedentes deben reportarse al Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente, a la autoridad local y a la Autoridad Nacional Antinarcóticos. Cada emirato, además, podrá restringir o prohibir estas actividades.

Para fabricar derivados se requiere licencia local y aprobación del Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada, con gestión de calidad y documentación electrónica conectada al sistema nacional de trazabilidad. Importar o exportar demanda permisos del Ministerio de Comercio Exterior y controles de seguridad. El etiquetado deberá incluir número de licencia, concentración del compuesto, indicaciones de uso y advertencias sobre posibles efectos nocivos. La investigación científica queda permitida bajo reglamentación específica.

El decreto crea una estructura de coordinación: El Gabinete podrá actualizar listas de productos permitidos y prohibidos, mientras las autoridades locales otorgan licencias y realizan inspecciones. La Autoridad Nacional Antinarcóticos participa en la supervisión y en la recepción de reportes, integrando el cáñamo al enfoque de seguridad estatal.

Las sanciones mantienen un tono disuasivo con al menos tres meses de prisión y multas desde 100.000 dirhams, además de decomisos y eventuales cierres. En un país asociado a políticas antidrogas duras, el cáñamo aparece como materia prima estratégica, no como giro cultural. Si el nuevo marco genera una industria real, podría tensionar —más temprano que tarde— el debate sobre salud pública, evidencia y proporcionalidad penal.