El retrato que dibuja YouGov, empresa consultora norteamericana, es doble: por un lado, la legalización recreativa ya no aparece como una idea marginal. A la pregunta de si el uso recreativo “debería ser legal” , una mayoría responde que sí (54%), frente a un 27% que se opone y un 19% que no lo tiene claro. La misma batería de preguntas revela, además, un consenso todavía mayor cuando se trata del uso terapéutico, alcanzando el 76% considera que la marihuana tiene usos médicos legítimos (43% “definitivamente” y 33% “probablemente”).
En paralelo a ese clima social, la Casa Blanca difundió el 18 de diciembre de 2025 la orden ejecutiva titulada “Increasing Medical Marijuana and Cannabidiol Research”. El texto no legaliza el cannabis a nivel federal, pero ordena a la Fiscalía General que complete “lo más rápido posible” el proceso administrativo para mover la marihuana del Schedule I al Schedule III de la Ley de Sustancias Controladas, y plantea una agenda de investigación y regulación sobre marihuana medicinal y cannabinoides derivados del cáñamo.
El concepto de “reclasificación” suele prestarse a equívocos, y la propia discusión pública lo demuestra. Según el Congressional Research Service (CRS), incluso si la marihuana pasara al Schedule III, el mercado recreativo seguiría siendo ilegal bajo derecho federal; lo que cambia, sobre todo, es el marco para la investigación y parte de las consecuencias colaterales que hoy pesan sobre la industria y sobre los pacientes. La misma nota del CRS recuerda que el artículo 280E del código fiscal federal impide a las empresas deducir gastos si “trafican” con sustancias de los Schedule I y II; por eso, un eventual salto al Schedule III abriría la puerta a deducciones fiscales que hoy se les niegan.
En cualquier caso, la fotografía indica que el país convive con un mosaico legal donde 24 estados y el Distrito de Columbia ya han aprobado leyes que despenalizan el uso recreativo a nivel estatal, mientras la prohibición federal sigue funcionando como techo político y jurídico. En ese contexto, la combinación de una mayoría social favorable (YouGov) y una señal institucional desde la Casa Blanca reordena el debate: menos guerra cultural y más preguntas concretas sobre investigación, salud pública, seguridad regulatoria y derechos.
El giro no está en que el cannabis “gane” una encuesta –lleva años sumando mayorías–, sino que la conversación se desplaza del pánico moral hacia la gobernanza. Si Washington quiere ponerse al día con la realidad de los estados, la reclasificación puede ser un puente útil para la ciencia y para un marco menos punitivo; pero también deja al descubierto la inseguridad jurídica del consumo recreativo, las desigualdades del mercado legal y la deuda histórica con quienes siguen cargando condenas por una planta que, a estas alturas, gran parte del país ya considera legítima.
