Se pidió formalmente que se aprobase la llamada The Secure and Fair Enforcement (SAFE) Banking Act que, de ser aceptada, permitiría a los negocios legales de cannabis poder establecer intercambios directos con los bancos sin cometer un delito.
Según se puede leer en la carta: “La situación actual de un mercado nacional en rápida expansión sin acceso a los sistemas bancarios nacionales ha resultado en una situación insostenible. Hacemos hincapié en que los modelos legislativos actuales están disponibles para solucionar esta situación. Al avanzar en estos objetivos legislativos, el Congreso no necesariamente respalda la legalización de ningún estado o territorio de las transacciones relacionadas con la marihuana; Del mismo modo, la promulgación de la Ley de Banca SAFE no es una llamada a la legalización de la marihuana medicinal o minorista en aquellas jurisdicciones que eligen no seguir ese enfoque. Más bien, refleja un reconocimiento de las realidades en el terreno y una aceptación de nuestro sistema federalista de gobierno que es lo suficientemente flexible como para acomodar enfoques estatales divergentes”.
Uno de los grandes problemas que ha tenido que afrontar la industria de la marihuana es no poder realizar transacciones bancarias debido al lío monumental que existe entre los bancos, sus sedes y las leyes locales. Por ejemplo, si alguien realizaba un pago con tarjeta de crédito en un dispensario el banco y la persona que cobraba el importe solían estar cometiendo un delito a nivel federal pese a que en lo local, la transacción fuese legal. El problema lo tiene el banco, que no puede justificar la transacción como si fuera legal y acaba por contabilizarse como dinero del narcotráfico. Por tanto, solo puede operarse en efectivo, con todos los problemas que esto trae.
Además de esto, los fiscales generales reconocen que la pandemia de COVID-19 ha aumentado la necesidad de que el Congreso actúe rápidamente. "La pandemia de COVID-19 ha enfocado la necesidad de alivio legislativo en tres aspectos clave", escriben. “Primero, las amenazas a la seguridad pública causadas por un modelo comercial de uso intensivo de efectivo, a menudo objeto de actividades delictivas, se han intensificado en los meses transcurridos desde que comenzó la pandemia. Luego, la presencia de grandes transacciones en efectivo coloca a las fuerzas del orden público, los reguladores fiscales, los consumidores y los pacientes en mayor riesgo de exposición al virus. Finalmente, la capacidad de recaudar de manera eficiente los ingresos fiscales de la industria de la marihuana, que se estima que generó 15 mil millones de dóalres en ventas en 2019, proporcionará un alivio crítico para los gobiernos estatales y locales que predicen el déficit presupuestario debido a la pandemia”.
Firman esta carta los fiscales generales de los siguientes estados y territorios de los EE.UU.: Alaska, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Guam, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Islas Marianas del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Virginia Occidental y Wisconsin.
