Tras el encuentro desde la NACOC, encabezada por el Brigadier General Maxwell Obuba Mantey,  se destacó que Marruecos opera como referencia regional en la ejecución de licencias, control de trazabilidad y organización de cooperativas.  En tanto, la embajadora Quaadil expresó su disposición a facilitar canales de cooperación técnica y confirmó gestiones para recibir en septiembre a personal ghanés, con el fin de estudiar sobre el terreno los procedimientos de implementación.

Ghana lleva varios años ajustando su marco legal. La Ley de la Comisión de Control de Narcóticos fue enmendada en 2023 para facultar al Ministerio del Interior a otorgar licencias de cultivo de cannabis con bajo contenido de THC, estrictamente para fines industriales y médicos. Las autoridades han anunciado lineamientos y reglamentos complementarios para ordenar la cadena productiva, asegurar calidad y prevenir desvíos. El uso recreativo sigue fuera del marco legal, pero el país busca transformar una economía informal latente en actividades reguladas con supervisión estatal.

Marruecos, por su parte, aprobó en 2021 la Ley 13-21 que regula los usos lícitos del cannabis y creó la Agencia Nacional de Reglamentación de las Actividades Relativas al Cannabis (ANRAC). Desde entonces, el país ha avanzado en licencias, la primera cosecha legal y expansión de superficies bajo control. Los reportes oficiales difundidos por medios internacionales dan cuenta de un crecimiento sostenido del circuito legal, aunque persisten desafíos como el de la transición del cultivo tradicional hacia cooperativas autorizadas, la fijación de precios que resulten competitivos para los campesinos y la convivencia con un mercado no regulado que aún concentra demanda.

La visita de la NACOC a la embajada marroquí se inscribe en una hoja de ruta de cooperación que puede aportar lecciones prácticas a Ghana como el  diseño de licencias, mecanismos de trazabilidad, gobernanza a través de cooperativas y certificación de variedades.

Si Ghana logra traducir la experiencia marroquí en reglas aplicables y oportunidades reales para agricultores y pacientes, estará dando un paso relevante hacia un mercado regulado, con menos incentivos para el circuito ilícito y más garantías de salud pública.