El borrador plantea un esquema de tasas que parte en 9.000 dólares para cultivar hasta un acre (0,4 hectáreas) y sube hasta 45.000 dólares por hectárea en superficies mayores. Para actores del sector, el diseño amenaza con dejar afuera a productores locales justo cuando el país intenta convertir su marco legal de “bajo THC” en una industria real.

El punto más cuestionado es la estructura de tarifas ya que los tramos superiores, desde cinco hectáreas, quedan fijados en 45.000 dólares por hectárea sin diferenciar entre escalas que van de cinco a más de 15.000 hectáreas. Además, el borrador suma una tasa regulatoria anual equivalente al 20% del valor de la licencia y prevé una vigencia de tres años. En conjunto, el costo funciona como una barrera de entrada que empuja el cultivo legal hacia pocos actores con capacidad de pago.

Hempire Agric Ghana (HAG) fue una de las organizaciones que salió a impugnar públicamente la propuesta. Calificó las tasas como “irrealistas y excluyentes” y buscó abrir una discusión institucional con el vicepresidente del Parlamento, Bernard Ahiafor. Su dirigente, Nana Kwaku Agyemang, advirtió que encarecer el acceso sin una cadena de valor operativa –compradores, contratos y capacidad industrial– eleva el riesgo de que el cultivo nazca sin mercado o que la legalidad quede congelada en el papel.

El debate se superpone con un proceso regulatorio lleno de avances y frenos. En 2020, Ghana aprobó una ley que habilita licencias para cultivar cannabis con un contenido de THC que no supere el 0,3% (peso seco) con fines industriales (fibra o semilla) o medicinales. Pero en 2022 la Corte Suprema se pronunció, de forma ajustada, sobre la constitucionalidad del mecanismo previsto, lo que devolvió el tema al circuito legislativo. Mientras tanto, voces del sector sostienen que la autoridad competente aún no ha emitido licencias, manteniendo proyectos e inversiones en pausa.

En ese escenario de incertidumbre, la Narcotics Control Commission (NACOC) publicó en septiembre de 2025 un aviso para advertir que no ha autorizado a terceros a “facilitar” la obtención de licencias y que los costos oficiales se comunicarán cuando el Parlamento apruebe el esquema.

Ghana enfrenta el dilema de un sistema de control que puede fortalecer trazabilidad y estándares, pero también puede definir quién queda dentro y quién fuera. Si el precio de entrada se convierte en política industrial por la vía de la exclusión, el cáñamo corre el riesgo de repetirse como promesa de diversificación agrícola que no llega a manos de quienes la trabajan.