La reforma, tramitada como Drug Abuse (Prevention and Control) (Amendment) Bill (2026), fija límites concretos. Permite portar hasta 56 gramos de flores o 15 gramos de resina sin cargos penales, siempre que se tenga más de 21 años. También habilita el cultivo doméstico mediante registro, con un máximo de cuatro plantas por hogar y deja claro que no se trata de una legalización total ni de un mercado recreativo con ventas para “uso adulto”.

Una prueba de ello es que fumar en espacios públicos continúa como infracción sancionable con multas fijas y el proyecto refuerza zonas de prohibición alrededor de escuelas y accesos a edificios. En la comunicación oficial se insiste en que la despenalización no es un permiso para consumir en cualquier lugar y que la aplicación de sanciones busca ordenar prácticas sin empujar el consumo hacia la clandestinidad.

Para personas de 18 a 20 años, la respuesta prevista ante pequeñas cantidades no es penal, sino la derivación obligatoria a rehabilitación y consejería para evitar antecedentes que condicionen su vida educativa y laboral. Al mismo tiempo, suministrar cannabis a menores de edad se mantiene como una conducta severamente penada.

La reforma suma, además, medidas de justicia restaurativa. Prevé el borrado automático de antecedentes por delitos menores vinculados al cannabis y la discontinuación de causas en curso cuando las conductas entren dentro de los nuevos límites. También reconoce el uso sacramental rastafari en lugares de culto registrados y durante ceremonias, junto con reglas para el cultivo asociado a esa práctica religiosa.

Más allá del debate sobre la edad mínima (18 versus 21), la decisión coloca a Granada en una ola caribeña que busca desmontar el castigo como respuesta automática y, al mismo tiempo, diseñar un modelo regulado. 

Es importante destacar que en el espacio regional de CARICOM, donde conviven países como Antigua y Barbuda y Bahamas, estas reformas suelen avanzar por etapas, primero despenalizando y luego discutiendo cómo encuadrar la investigación, la producción y el acceso medicinal. El desafío, como casi siempre, es que la letra de la ley no se quede en el anuncio y que la transición reduzca daños reales sin abrir nuevas formas de control selectivo.