El análisis, publicado en la revista Cannabis and Cannabinoid Research, aplicó dos metodologías complementarias. A escala estatal, se contrastaron datos de Connecticut y Maryland durante dos periodos de 24 semanas, antes y después de la legalización (en vigor desde el 10 de enero de 2023). Usando modelos de regresión y controlando por variables como estacionalidad, no se observaron cambios significativos en la prevalencia de siniestros.

A nivel local, el estudio examinó ocho semanas antes y después de la apertura de 13 dispensarios, dentro de un radio de 800 metros. A través de series de tiempo con efectos mixtos, tampoco se detectaron aumentos relevantes, mientras que la razón de incidencia  indica ausencia de asociación estadísticamente significativa.

Estos resultados se alinean con investigaciones previas que tampoco encontraron un incremento en colisiones graves o mortales tras el inicio de la venta minorista de cannabis, como lo evidenció un análisis de tres años en Washington. No obstante, los autores subrayan que estudios a largo plazo muestran hallazgos mixtos y aconsejan evitar conclusiones absolutas.

La investigación vuelve a poner en discusión que lo relevante no es la presencia de tiendas, sino el comportamiento de los conductores. Si se busca reducir accidentes el esfuerzo debe centrarse en la prevención y fiscalización proporcional. En ese sentido, Connecticut ofrece una referencia útil para orientar políticas públicas.

Desde una perspectiva de política pública, es crucial subrayar que regular el mercado no equivale a fomentar el consumo en condiciones de riesgo. La prevención del deterioro al volante -por cannabis, alcohol u otras sustancias- requiere controles viales eficaces, educación pública y herramientas de evaluación proporcionales. Por eso, atribuirle a los dispensarios una responsabilidad que la evidencia no respalda, distorsiona el foco del debate.