La Justicia argentina pone fin al procedimiento legal contra la presidenta de una asociación de cultivo solidario de cannabis a la que se acusó de comercialización de estupefacientes. El caso comenzó en marzo del año pasado, cuando una vecina del establecimiento donde se realizaba la producción de marihuana denunció que el olor de las plantas afectaba la salud de su hija. Entonces, la fiscalía de la provincia de Buenos Aires especializada en sustancias prohibidas ordenó la intervención de la policía, quienes secuestraron más de cien plantas, un kilo de flores secas y varios litros de aceites medicinales que iban a ser entregados a usuarios medicinales que se encuentran inscriptos en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

“Esto demuestra la ignorancia respecto de la legislación del cannabis y la mala formación porque estamos hablando de una planta terapéutica”, explicó Marcela Dal Santo, abogada de la persona acusada por la fiscalía sobre el proceso judicial que derivó en su sobreseimiento. 

“La fiscalía actuó con urgencia por la salud de la nena, pero la propia cámara le respondió que no había ninguna prueba presentada que certifique que el olor de las plantas puede afectar la salud de una niña, que vive a metros del lugar donde se encuentra la plantación y que, además, era un descampado. Cuando trabajamos este asunto puntual nos dimos cuenta que lo que habían presentado para justificar que afectaba la salud de la niña era un recorte de una página web de un diario de Madrid, es decir, una presentación muy precaria y sin fundamento”, dijo la abogada de la persona acusada que decidió preservar su identidad y el nombre de la asociación que presidía. 

Recientemente, Argentina ha modificado los requisitos del REPROCANN. Entre ellos, ahora los cultivadores solidarios solo podrán producir cannabis para dos personas como máximo. Sin embargo, en el momento que empezó el caso contra la presidenta de la asociación no se había efectuado tal cambio.