El fiscal general Nestor Huberto Martínez (en la imagen) apoyado por los alcaldes de Medellín, Bogotá e Ibagué, entre otros, propusieron el proyecto de ley que pretende la penalización de la dosis mínima. El fiscal indicó que la dosis mínima no será tocada pero la propuesta de penalizar el porte de la dosis mínima fraccionada, llevar parafernalia para el consumo o portar dinero de diferentes denominaciones que puedan inferir trafico, muestra todo lo contrario. Así mismo la propuesta del fiscal busca regular la dosis de provisionamiento hasta el doble de la dosis mínima, y quien supere esta cantidad podrá tener entre 6 y 10 años de cárcel. 

La propuesta además castiga entre 4 y 8 años de cárcel a los productores de espectáculos o dueños de establecimientos donde ocurra el consumo, pues asume que esto puede ser promover o tolerar el tráfico. La propuesta que cuenta con el apoyo de los principales medios de comunicación y los partidos de derecha, espera llegar al Congreso de la República para ser debatida y es allí donde se espera que un grupo de parlamentarios de partidos alternativos exponga evidencias de cómo la penalización del consumo no reduce el consumo de drogas en el país y, por el contrario, es el principal motivo del hacinamiento carcelario, según lo indica DeJusticia en su informe “Delitos de drogas y sobredosis carcelaria” de julio de 2017. 

 La propuesta que busca “proteger a los niños” y que fue ambientada en los últimos seis meses por el fiscal general mediante ruedas de prensa y capturas fantásticas, puede ser la oportunidad para abrir el debate sobre el fuerte impacto fiscal de las medidas coercitivas y penalizadoras. Esperamos que los grupos más progresistas puedan persuadir con evidencia al país y a los medios de comunicación, pues ahora que no hay guerra con las FARC, los titulares se han centrado en el tema de drogas, con, digámoslo de paso, muy poco rigor y mucha inexperiencia, como lo demuestran los casos del ENDI, la llegada del Krokodil, el LCD y la “muerte gris” que, mal planteadas por las autoridades, no han tenido ningún tipo de revisión critica o contrastación por parte de los periodistas y sus medios.