La clave para entender la actual discusión en Sudáfrica está en cómo se interpreta lo “privado”. Tras el giro constitucional de 2018, el Cannabis for Private Purposes Act (firmado en 2024) consolidó derechos de posesión y cultivo personal, pero mantuvo la prohibición de comerciar. El resultado es un consumo que se admite en la vida privada, pero se penaliza cualquier circuito que parezca venta, intermediación o distribución a terceros.
En este vacío regulatorio emergió una escena de clubes que no solo ofrecen cannabis ya que algunos se presentan como asociaciones de membresía, cooperativas de cultivo o espacios de consumo donde el acceso se organiza internamente. El argumento es práctico y político debido a que no todo el mundo puede cultivar en su casa y la prohibición del mercado recreativo empuja a la informalidad. Organizaciones como Fields of Green for ALL describieron ya en 2019 el fenómeno de los “Dagga Private Clubs” como un intento de ordenar prácticas comunitarias en clave de derechos.
Pero el entusiasmo convive con la legalidad y los tribunales también han frenado ciertos modelos. En 2022, una decisión en Ciudad del Cabo vinculada a un “grow club” sostuvo que ese esquema no equivalía a “uso privado” y advirtió que podía funcionar como una vía indirecta hacia el comercio. La señal que se trató de mandar fue que tercerizar el cultivo –pagar por un servicio que termina en cannabis cosechado– puede leerse como comercio, incluso si se enmarca en contratos y membresías.
Esa ambigüedad alimenta una economía gris con muchos operadores y respuestas estatales con tolerancia en algunos lugares y redadas en otros. En ese contexto, parte del sector intenta pasar de la supervivencia a la organización con el lanzamiento de la South African Cannabis Clubs Alliance (SACCA) que apunta a fijar estándares de cumplimiento y abrir el diálogo con las autoridades.
