El texto recuerda que, desde 2018, el Tribunal Constitucional despenalizó el consumo, la posesión y el cultivo para uso privado de adultos; sin embargo, persisten redadas y causas por simples olores o perfiles raciales. La SAHRC subraya que existe una directiva del Comisionado Nacional de Policía de 2023 que desaconseja arrestos por uso personal sin consulta fiscal, pero advierte que las prácticas policiales siguen siendo dispares y el vacío regulatorio sostiene la incertidumbre cotidiana.

La Comisión ordena sus recomendaciones en cinco prioridades: frenar arrestos y registros arbitrarios; asegurar participación efectiva de comunidades rastafari en la elaboración de reglas; proteger el conocimiento tradicional frente a la apropiación; incorporar diversidad religiosa y cultural en escuelas y servicios públicos; y garantizar acceso a espacios y tierras sagradas. El enfoque es de reparación histórica y ciudadanía plena, con medidas concretas y plazos verificables.

En lo socioeconómico, comunidades rurales del Cabo Oriental y otras zonas con tradición cannábica advierten del riesgo de quedar fuera de la “nueva economía” por falta de tierra, crédito y licencias. La SAHRC llama a un diseño productivo inclusivo —desde la semilla hasta la venta— con asistencia técnica y mecanismos que eviten la concentración corporativa para que la legalidad no reproduzca desigualdades.

El informe releva, además, episodios de discriminación por estética y símbolos rastafari en escuelas y oficinas públicas. Propone formación obligatoria en derechos culturales para policías, docentes y funcionarios; mecanismos de revisión y eliminación de antecedentes por delitos menores de cannabis; y presencia formal de representantes rastafari en los órganos de implementación y seguimiento.

Sudáfrica confirma que despenalizar no basta. Convertir derechos en garantías diarias exige reglas claras, coordinación estatal y reconocimiento a quienes sostuvieron la planta bajo persecución; de lo contrario, la transición será un reemplazo y no una reforma.