Es sabido que algunas de las legislaciones más restrictivas en materia de drogas se encuentran en los países del continente asiático.
En este indignante caso, un hombre de nacionalidad malasia ha sido condenado a muerte por la Corte Suprema de dicho país, acusado, bajo la Sección 39B Ley de Drogas Peligrosas, de la posesión de 3.01 litros de aceite de cannabis y 279 gramos de cannabis comprimido. Fue arrestado en su residencia el 7 de diciembre de 2015 junto con su esposa, que estaba embarazada de 6 meses. La ley bajo la que se le condena tiene fecha de 1952. Esta ley establece: “Ninguna persona podrá en su propio nombre o en nombre de otra persona traficar con una droga peligrosa”. Y estipula: “Cualquier persona culpable de un delito contra esta Ley será castigado con la condena de pena de muerte”. El hombre condenado, de nombre Muhammad Lukman Ben Mohamad, no podía ser juzgado por un delito de tráfico de drogas, a decir de su defensa: Lukman no distribuía el aceite como sustancia recreativa sino que lo facilitaba a pacientes para cuyas dolencias estaba indicado. Además, ni siquiera parecía guiarle afán de lucro ninguno porque, en los casos en los que los pacientes no podían pagarlo, Lukman hacía entrega gratuita del aceite. Sus abogados insistieron, también, en el creciente cuerpo de evidencia científica que apoya el uso medicinal de la marihuana. Ninguno de estos argumentos ha sido suficiente para que los desafortunados fiscales de la Corte Suprema malaya actuaran con sentido común.
