Actualmente Nueva Jersey exige que una persona sea un peligro inmediato para sí misma para ser hospitalizada contra su voluntad. El asambleísta Chris Tully, en un reciente proyecto, une esa etiqueta a la sobredosis donde una admisión hospitalaria por sobredosis o la administración de un antídoto opioide en una emergencia bastaría para considerar a esa persona automáticamente “peligrosa para sí”.

Según la propuesta, si los agentes revierten una sobredosis, deberán tomar a la persona en custodia y llevarla a una evaluación para tratamiento. Además, podría ser detenida si un profesional sanitario o un particular certifica que se sobredosificó y fue reanimada con un antídoto en las 48 horas previas. El plan prevé centros especializados en trastorno por uso de sustancias y audiencias de revisión cada 30 días.

En Nueva Jersey, el umbral para privar de libertad a alguien por motivos sanitarios se construyó alrededor de la salud mental y no basta con un consumo problemático, sino que se evalúa si hay riesgo inmediato y si la persona puede cubrir sus necesidades con apoyo de terceros. El proyecto en cuestión cambia el foco  y equipara la sobredosis con una incapacidad automática de decidir, sin exigir el mismo análisis clínico y social previo.

La iniciativa se inscribe en una tendencia en EE UU donde en más de la mitad de los estados tienen mecanismos de internación civil ligados al uso de sustancias. Pero la evidencia no es concluyente. Un informe del Canadian Centre on Substance Use and Addiction describe estudios escasos y heterogéneos sobre tratamiento involuntario, con resultados mixtos. Y un análisis de 2010–2021 no encontró diferencias significativas en muertes por sobredosis por opioides entre estados con y sin estas leyes.

Convertir una sobredosis en presunción legal de peligrosidad puede desalentar el pedir ayuda y reforzar la respuesta punitiva. Si el objetivo es salvar vidas, el debate siempre debería priorizar acceso voluntario a cuidados, continuidad terapéutica.