La discusión venía madurando desde febrero de 2024, cuando el Gobierno formalizó un grupo interministerial para coordinar una eventual regulación integral del cannabis con fines medicinales, científicos, religiosos y recreativos. Ese equipo debía estudiar impactos sociales, sanitarios, legales y económicos, además de preparar un marco para cultivo, procesamiento, análisis, distribución y consumo.

El expediente llegó después a la Comisión de Agricultura, Pesca y Ganadería del Parlamento. Native Nations SXM fue convocada para presentar su modelo el 13 de marzo de 2026, pero esa sesión quedó aplazada y fue reanudada el 9 de abril. En esa segunda fecha, la organización respondió preguntas de los parlamentarios y quedó en entregar su presentación junto con respuestas escritas, para que la comisión continuara la revisión. El esquema propuesto incorpora licencias, supervisión pública, trazabilidad de las semillas a la venta y mecanismos de cumplimiento financiero, con la intención de sacar la actividad de la zona gris.

El atractivo político del proyecto descansa en su promesa económica, aunque ahí también aparecen las principales dudas. Clifton Brown, representante de Native Nations Cannabis SXM, sostuvo ante la comisión que no se trata de crear una demanda nueva, sino de trasladar una actividad existente desde el mercado ilegal hacia un circuito controlado, transparente y gravable. La organización asocia ese potencial al turismo y a la posición regional de Sint Maarten dentro del debate caribeño sobre el cannabis para adultos.

El lugar de los agricultores locales será una de las claves del modelo ya que la propuesta reserva espacios para productores mediante acceso a tierra, licencias y acuerdos de compra, pero también contempla una estructura centralizada para áreas estratégicas. La prensa local ha informado de una posible concesión de diez años para Native Nations en cultivo, procesamiento, análisis y distribución. Ese diseño puede facilitar la inversión, aunque exige controles para no dejar fuera a los pequeños operadores del cannabis legal.

La salud pública completa el argumento que Native Nations defendió indicando que un mercado legal permitiría introducir análisis de producto, etiquetado y educación pública. Frente a un comercio ilegal sin estándares, el control sanitario aparece como una razón central para abandonar la prohibición.

En este sentido, Sint Maarten no discute solo una reforma penal, sino el diseño de un mercado capaz de repartir beneficios y reducir daños. La prueba política no será anunciar la marihuana legalizada, sino construir una regulación transparente donde salud pública, agricultores y ciudadanía no queden subordinados a la renta turística.