En los últimos años, Suiza ha avanzado con prudencia hacia un cambio regulatorio. Desde 2021, una reforma de la Ley de Estupefacientes permite ensayos piloto de dispensación controlada de cannabis con fines no médicos. Estos estudios —en ciudades como Zúrich, Basilea, Berna, Lausana y Ginebra— fueron concebidos para generar evidencia sobre calidad, trazabilidad y efectos en el mercado ilegal, a fin de informar una futura regulación nacional. Mientras tanto, el uso adulto fuera de los pilotos sigue siendo ilegal, con un marco sancionatorio que varía según cantidad y contexto.

El nuevo anteproyecto propone un giro ordenado bajo el paraguas de la salud pública. La SGK‑N plantea autorizar el acceso para mayores de 18 años, prohibir la publicidad y reforzar el empaquetado neutro con advertencias sanitarias, además de exigir licencias federales para cultivo y elaboración. Diversos resúmenes públicos elaborados por actores sectoriales y prensa especializada durante la apertura de la consulta describen límites de autocultivo y de posesión  junto a la venta en puntos autorizados sin fines lucrativos y el mantenimiento de la “tolerancia cero” en conducción.

El proceso en curso es deliberado: la consulta estará abierta hasta el 1 de diciembre de 2025. Luego, la comisión parlamentaria deberá incorporar observaciones y decidir si eleva un proyecto formal para su debate en el plenario durante 2026. Medios especializados señalan que, si el calendario avanza sin tropiezos y no media un referéndum, el marco podría comenzar a operar gradualmente a partir de mediados de 2026; no obstante, se trata de proyecciones sujetas a la tramitación política suiza, que históricamente privilegia los consensos.

De consolidarse, la CanPG insertaría a Suiza en la senda europea de regulación del cannabis con un sello propio en un control estricto, sanitario y con pilotaje previo. Para organizaciones del sector, la clave será fijar estándares realistas de potencia y control de calidad, asegurar trazabilidad desde semilla y evitar monopolios de venta que perjudiquen a pequeñas y medianas empresas agrícolas. Para autoridades y especialistas en salud, el énfasis está en cortar el flujo hacia el mercado ilegal y en brindar información clara a las personas usuarias sobre riesgos y alternativas de consumo menos dañinas.

La apertura de la consulta confirma que la prohibición no resolvió el fenómeno y que Suiza apuesta por regular para proteger mejor, ya que como la evidencia indica, un modelo con controles, licencias y prevención tiene más opciones de reducir daños y restar espacio al mercado ilegal que un marco punitivo que hace décadas demostró si limitado campo de acción.