La reglamentación pone en marcha el Programa Provincial de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados, con el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación. El esquema incluye un registro de profesionales de la salud y un Registro Provincial para pacientes, familiares, cultivadores y organizaciones civiles que participen del circuito autorizado. Según la comunicación oficial, el decreto busca asegurar estándares de calidad, trazabilidad y seguridad en los preparados a base de cannabis.

El paso regulatorio llega tras varios años desde la sanción de la Ley 1277 (2018) y su promulgación en 2019. Dicha norma adhiere en todos sus términos a la Ley 27.350 y contempla que las prestaciones relacionadas con cannabis terapéutico sean garantizadas por el sistema público de salud e incorporadas por la obra social provincial, alineando el acceso con un enfoque de salud pública. La nueva reglamentación actualiza y operativiza esas obligaciones al establecer procedimientos concretos para la inscripción y el seguimiento de pacientes y equipos tratantes.

En el plano federal, la provincia se acopla a la normativa nacional que, desde el Decreto 883/2020, habilita el registro de personas usuarias para cultivo controlado con indicación médica y promueve la investigación clínica. A la vez, el desarrollo productivo argentino cuenta desde 2022 con un marco específico (Ley 27.669) y la creación de ARICCAME para la cadena del cáñamo y del cannabis medicinal, contexto en el que las provincias avanzan con herramientas propias. El movimiento fueguino se inserta, así, en una agenda que combina salud, ciencia y potencial económico regulado.

Entre los efectos esperados, autoridades y actores del sector subrayan que el registro provincial permitirá ordenar la demanda, facilitar auditoría sanitaria y mejorar la accesibilidad mediante circuitos legales, reduciendo la dependencia del mercado informal. La trazabilidad de productos y la articulación con instituciones académicas y organizaciones civiles buscan, además, fortalecer la evidencia local y la formación profesional, uno de los cuellos de botella señalados de manera recurrente en la implementación del cannabis terapéutico en el país.

La reglamentación fueguina no agota los desafíos, pero representa un giro operativo hacia políticas basadas en derechos y evidencia. Con un programa, registros y autoridad sanitaria definida, esta provincia argentina coloca a los usuarios en el centro y aporta a un mapa federal del cannabis medicinal.