El estudio, realizado entre enero y febrero de 2025 con más de 5.000 personas encuestadas, confirma una tendencia sostenida en la opinión pública estadounidense que considera que el cannabis debe estar permitido por ley. El 54% apoya su legalización tanto para uso adulto como terapéutico, mientras que el 33% lo respalda solo con fines médicos. Apenas un 12% considera que su uso debería seguir prohibido.
Si bien el consenso general es amplio, el respaldo a la legalización completa muestra notables diferencias generacionales. Solo el 31% de las personas mayores de 75 años apoya el uso libre del cannabis, en contraste con un 65% de quienes tienen menos de 30. Las diferencias también se reflejan en el plano político: el 66% de demócratas y simpatizantes respalda la legalización plena, frente al 43% de republicanos y personas afines.
En cuanto a origen étnico, el apoyo al uso total del cannabis es mayoritario entre personas blancas (58%) y afroamericanas (57%), pero desciende entre comunidades latinas (42%) y asiáticas (39%). Estos datos sugieren que, pese al avance general, persisten barreras culturales y sociales en torno al uso del cannabis.
A nivel territorial, más de la mitad de la población estadounidense (54%) vive actualmente en estados donde el uso adulto del cannabis es legal. Desde la pionera legalización en Colorado y Washington en 2012, se han sumado más de una docena de estados, incluidos Delaware, Minnesota y Ohio en 2023. No obstante, en 2024 fracasaron iniciativas similares en Florida, Dakota del Norte y Dakota del Sur.
Según el Pew Research Center, el 79% de la población vive en condados que cuentan al menos con un dispensario autorizado. En total, Estados Unidos contaba en 2024 con casi 15.000 puntos de venta regulados, concentrados principalmente en California, Oklahoma, Florida, Colorado y Michigan.
El respaldo ciudadano a la legalización del cannabis en Estados Unidos parece consolidado, incluso entre sectores tradicionalmente reticentes. Esta tendencia podría traducirse en mayor presión política para avanzar hacia una regulación federal que refleje la voluntad mayoritaria y reduzca la brecha entre legislación estatal y federal.
