Argentina puede ser el próximo país en cambiar las políticas de drogas, su Gobierno ha empezado a desarrollar un proyecto para despenalizar la tenencia y el autocultivo para uso adulto.
México, en cambio, está retrasando la regulación del comercio de cannabis debido a la falta de consenso causada por las presiones ejercidas por compañías internacionales interesadas en un mercado multimillonario. En España algo se está moviendo, visto el gran interés de las grandes multinacionales por conocer la situación. Esperemos que esa presión de los lobbies no trastoque aquí lo consensuado por expertos y usuarios, a saber: acceso medicinal con trazabilidad y estandarización, acceso lúdico a través del autocultivo, el asociacionismo y el comercio con licencia.
En España está claro que la situación no puede esperar más, en pocos días nos hemos enterado de las sentencias condenatorias, que conllevan años de prisión y cuantiosas multas, a las juntas directivas de diferentes CSC, ya sin distinción de si cumplían o no el código de buenas prácticas como exigían las anuladas leyes aprobadas por los diferentes parlamentos autonómicos como el navarro, el catalán o el vasco.
Algunos de los reconocidos militantes antiprohibicionistas, que han dado la cara y participado en el debate político para cambiar unas leyes retrógradas que van contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como pueden ser los presidentes de AIRAM, La MACA o Marías x María, ya han sufrido las consecuencias de la sentencia Nº: 484/2015 del Tribunal Supremo. Una sentencia donde se exigen condiciones muy duras para que la actividad realizada no tenga una relevancia penal, lo que hace inviable la labor de la mayoría de los CSC.
El caso de la MACA tiene su particular interés, máxime cuando rechazaron el trato que les ofrecía la fiscalía de reconocer el delito a cambio de penas leves de prisión que no tendrían que cumplir. Estaban muy seguros y convencidos de su buen hacer y no podían aceptar la acusación, no eran delincuentes, no habían traficado con droga y tampoco, por supuesto, habían creado y participado en una asociación ilícita de carácter delictivo. Pues bien, la Audiencia les ha condenado a más de treinta años de prisión en una dura sentencia que no ha tenido en cuenta la labor por la normalización que ha caracterizado a esta asociación cannábica ni su relación honesta y transparente, sin esconder nada, con las autoridades legislativas, policiales, sanitarias y sociales.
Y de momento no se puede esperar más, pues recordemos que en la citada sentencia el TS pasaba “la pelota” a los políticos premiandolos a legislar: “No es función de un Tribunal interferir en ese debate […] ya que la adopción de decisiones está en manos de otros poderes del Estado”; dando a entender además que “en conjunto pueden dar más réditos que perjuicios una política de mayor tolerancia acompañada de rigurosos controles y reglamentación, huyendo del prohibicionismo absoluto”. Desde esta sentencia del TS, los tribunales no pueden, a pesar de la relativa elasticidad en la interpretación, seguir interpretando las leyes con “manga ancha”.
Para acabar con esta injusticia, no nos cansaremos de recordarlo, los políticos tienen que hacer su trabajo legislando en favor de una regulación integral del cannabis.
