Los partidarios de seguir con la prohibición reconocen que hay situaciones en el plano internacional que les preocupan, como el desarrollo de las nuevas políticas que legalizan el cannabis y lo regulan. Según su opinión, estas políticas regulatorias sobrepasan los tratados y convenios internacionales de fiscalización de drogas.
Los prohibicionistas son conscientes de que, en los últimos tiempos, muchos países han ido regulando la disponibilidad del cannabis con fines terapéuticos y que incluso hay países –y diversos estados de EE UU– que posibilitan un acceso amplio al uso de cannabis de forma general, pero están convencidos de que estas políticas no siempre obtienen los resultados que pretenden.
Cuando exponen sus argumentos, los partidarios de la prohibición predicen que, incluso en el caso de la regulación del mercado de cannabis medicinal, esta hará aumentar su disponibilidad para otros usos, banalizando las consecuencias adversas de su consumo a la vez que se difundirán todo tipo de presuntos efectos beneficiosos.
Los defensores de que todo siga igual no se creen que la regulación acabe con las mafias, ya que buena parte del consumo, nos dicen, seguirá dependiendo del mercado ilegal. También les preocupa que al haber mayor disponibilidad de cannabis será inevitable el aumento del consumo problemático, así como la posibilidad de que, debido a la rapidez con que está creciendo la demanda de cannabis, sean los intereses de las industrias comerciales los que prevalezcan en lugar de las consideraciones de salud pública.
Los cambios de esta naturaleza tardan años en ponerse de manifiesto en la salud pública, y a los reticentes a la regulación eso les hace estar expectantes ante la evolución de aquellos países que han aplicado ya otras políticas. Conservadores sin complejos, los prohibicionistas no muestran ninguna prisa en aplicar políticas basadas en la evidencia e intentan retrasar lo inevitable, perdiendo la oportunidad de construir cuanto antes una sociedad más justa, democrática y transparente, donde se cuide más a las personas y se castigue menos. La regulación integral, a menudo se olvida, es sobre todo una cuestión de derechos humanos.
En España abundan estos defensores de la prohibición vigente, aunque actúan con más discreción que hace años, pues saben que los vientos de cambio están soplando incluso en la vieja Europa. Y es una pena que una sociedad como la nuestra, que ya está preparada para la regulación del cannabis, tenga que ver cómo algunos países de Europa se adelantan y empiezan a adoptar políticas mas justas y eficaces, aplicando en algunos casos diseños y estrategias que han surgido en España. Ahí está como prueba Malta, que, tomando como modelo los CSC españoles, tendrá este año en funcionamiento asociaciones de cannabis sin fines de lucro, con precios más bajos que los del mercado negro, como ha asegurado la nueva responsable de la política sobre el cannabis de este pequeño país.
