Tras dos años de pandemia, la feria cannábica mas grande de Europa volvió a abrir las puertas en Cornellá. Participaron 315 expositores, más de cien de fuera de nuestras fronteras: desde Francia, Portugal, Alemania Chequia, Italia, Inglaterra, Eslovenia, Suiza, Polonia, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Hungría, Austria, Israel, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Panamá, EE UU o China llegaron los empresarios para participar del inmenso negocio en torno a la planta. 55 bancos de semillas, treinta empresas de fertilizantes, treinta de parafernalia para consumo… Los miles de aficionados a la marihuana que han pasado por la feria –22.000, según los organizadores– pudieron encontrar macetas, luces, comidas y bebidas a base de CBD, activismo, consultorios jurídicos, consultorios médicos y un sinfín de productos relacionados con el cannabis. Una vez más se manifiesta una de las contradicciones mas grandes que existen en la sociedad española del siglo XXI: la existencia de un mercado floreciente alrededor de una planta prohibida.
Un mercado que puede generar, si no te pillan, un dinero fácil que seduce a cada vez más ciudadanos y empresas. Un escenario que ha atraído a empresarios internacionales que se han asentado en España para cultivar industrialmente un cannabis que después venden al resto de Europa. Son conscientes de que España está regida por leyes más tolerantes que las que tienen otros países hacia donde exportan sus cosechas. Según la policía, España se ha consolidado en los últimos años como el principal territorio europeo de producción y exportación de marihuana, lo que supone una pérdida de más de 3000 millones de euros en impuestos que podrían recaudarse con una regulación ajustada a la realidad que vivimos.
Para ver la magnitud de lo que está en juego basta con saber que solo en Cataluña se han producido en el 2021 cerca de mil arrestos de personas sin antecedentes policiales por cultivo de marihuana, y se ha pasado de confiscar 65.000 plantas en el 2015 a más de 265.000 en el 2021.
Por otra parte, con mucho retraso, se ha puesto en marcha la subcomisión de Sanidad para el estudio de la regulación del cannabis terapéutico. Al conocer el listado final de comparecientes, la decepción ha sido general entre los usuarios de esta medicina. Un listado en el que se echa en falta más profesionales especializados en el uso y manejo de cannabis medicinal y más investigadores con experiencia que conozcan la realidad de los pacientes que necesitan recurrir a la planta para tratar sus dolencias. La mayoría de los convocados son profesionales de la psiquiatría, especialistas en patologías duales o en conductas adictivas, cuando solo una pequeña minoría de consumidores de cannabis tiene consumos problemáticos. Según el último informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, solo el 13% de los usuarios de drogas sufren trastornos por su consumo, siendo el cannabis, como es sabido, de las sustancias ilegales menos problemáticas. Con esta composición de los ponentes convocados por la subcomisión de Sanidad se pone una vez más en evidencia que los políticos y la sociedad van por caminos antagónicos.
