El eslogan “droga prohibida, mafia agradecida” es una realidad en el estado español. Nos hemos convertido en el primer país europeo exportador de marihuana al mismo tiempo que importador de las mafias europeas. Mientras el comercio siga estando prohibido, en lugar de crear puestos de trabajo y riqueza para todos, el negocio del cannabis atraerá a criminales interesados en enriquecerse sin importar los métodos empleados.
La reciente desarticulación de un grupo mafioso albanés se añade a otros ya desarticulados de origen rumano, sueco, inglés, chino y holandés que operaban a lo largo y ancho de la geografía española. Todos llevaban tiempo exportando marihuana al resto de Europa. Se entendería su instalación por estos lares si sus cultivos fuesen en exterior, pero casi todo lo decomisado proviene de cultivos de interior que podrían estar en cualquier país, ya que no dependen de la climatología. La única razón debe de ser que las leyes aquí son más laxas que las del resto de Europa en los delitos contra la salud pública, si es marihuana la sustancia intervenida, ya que tiene consideración de droga blanda que no provoca grave riesgo a la salud, una consideración debida a la aceptación social de esta realidad en España, país con un alto número de usuarios.
Desaparece un grupo criminal y enseguida otro ocupa su lugar. La demanda nunca deja de existir y los riesgos del narcotráfico se compensan con pingües beneficios libres de impuestos. Se estima que la proporción entre la droga interceptada y la droga disponible en el mercado es estable, es decir, que destruir más plantaciones también indica que hay más cultivos. En estos últimos cinco años se han cuadruplicado los decomisos, pasando de 60.000 plantas en 2015 a 265.000 en 2020 solo en Cataluña.
También los narco-asaltos están a la orden del día, sobre todo en estas fechas, cuando la flor está a punto de ser recolectada. Para evitar robos se están utilizando trampas que pueden ser mortales, trampas dirigidas a los posibles ladrones que pueden activarse ante cualquier despistado o ante la misma policía, cuando interviene estos macrocultivos, como ha ocurrido en Lérida el pasado mes.
Por otra parte, la policía, amparada por la ley, está entrando en los clubs de usuarios de cannabis (CSC) como si fueran locales de grupos criminales. La policía no entiende que los CSC actúan con total transparencia y están dispuestos a colaborar con las autoridades. Así pasó con Alacannabis, uno de los clubs más antiguos de la península, intervenido el pasado 26 de agosto con una violencia innecesaria, destrozando la policía la puerta de entrada a pesar de la predisposición del presidente de la asociación a colaborar.
Mientras, en Argentina, se empieza a debatir sin hipocresía la legalización del uso lúdico de la marihuana. Con el argumento de que “cada uno tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera, también a dañarse”, el presidente argentino ha señalado que la responsabilidad del Estado debe ser la de “advertir” de los posibles daños. Convencidos estamos de que estos daños siempre serán menores que los que provoca la prohibición, que no solo mata, sino que corrompe a las instituciones democráticas.
