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26 de Noviembre de 2022

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Clubs privados

Editorial Cáñamo #297

Las 48 asociaciones cannábicas que no dejaron entrar a la Guardia Urbana ya han recibido una sanción económica y, de no abrir sus puertas a una nueva inspección, se enfrentarían a consecuencias penales.

Tras la suspensión por orden el Tribunal Supremo de la ley urbanística de 2016 que regulaba las asociaciones cannábicas en la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento inició primero una campaña para notificar esta sentencia, es decir, para recordar a las asociaciones la prohibición de promover el consumo, la venta y cultivo de cannabis para, tiempo después, comprobar mediante inspección si la estaban cumpliendo.

Pues bien, el Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado ya las inspecciones a estos clubs sociales de cannabis. De las 223 asociaciones que contaban con la licencia de asociación cannábica, han sido inspeccionadas 159, 48 se han negado a la inspección y 13 estaban ya cerradas por otros motivos ajenos y anteriores.

La cuestión fundamental es que tenían que desaparecer los mostradores con las diferentes variedades y derivados del cannabis, así como cualquier tipo de cartel o folleto informativo de las variedades de marihuana que dispensan, ya que desde la óptica prohibicionista puede entenderse como promoción o apología del consumo.

De las 159 inspecciones, en 85 se ha comprobado que tenían marihuana, pero un gran número de las asociaciones ya las había quitado del mostrador que hacía de dispensario, y en los casos en los que se han abierto diligencias ha sido por no haberla quitado o por encontrar básculas y demás elementos de medición. 16 han sido las asociaciones que han recibido estas diligencias informativas, siendo una precintada al encontrarse en su interior otras sustancias estupefacientes.

A las asociaciones se les ha informado de aquellos elementos que deben subsanar para pasar correctamente una nueva inspección y poder seguir abiertas. Los informes con las diligencias abiertas señalan cuestiones en principio menores, por ejemplo, por motivos de la disposición de obra, como la colocación de extintores o las salidas de emergencias, o por no estar adaptados a los requisitos de un club privado.

Las 48 asociaciones cannábicas que no dejaron entrar a la Guardia Urbana ya han recibido una sanción económica y, de no abrir sus puertas a una nueva inspección, se enfrentarían a consecuencias penales.

Hay ocho asociaciones que han tenido una posterior visita de la policía autonómica, al comprobar la Guardia Urbana en esta primera inspección que su actividad rallaba en el delito. Pese a no haber sido clausuradas, estas asociaciones tendrán que enfrentarse a un proceso penal.

En cualquier caso, el temor inicial por parte de las asociaciones sociales cannábicas de que el Ayuntamiento de Barcelona fuera a cerrarlas no se ha confirmado. Lo cual, tal y como están las cosas, es una buena noticia.

El Ayuntamiento ha demostrado que en su voluntad está respetar el funcionamiento del tejido asociativo cannábico, y la prueba está en que, tras la suspensión por parte del Tribunal Supremo de la ley urbanística que las regulaba específicamente, ha otorgado licencias de club privado con las que las asociaciones sociales cannábicas pueden seguir funcionando, eso sí, adaptándose al nuevo tipo de licencia.

 

Este contenido se publicó originalmente en la Revista Cáñamo #297

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