El Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos es el principal punto de salida de mulas que transportan cocaína desde América del Sur hacia el resto del mundo. Este nudo de comunicación aérea, con conexiones de vuelos a más de 53 países, está particularmente bien posicionado para abastecer la creciente demanda mundial de cocaína; de media, cinco personas son detenidas aquí cada día por tráfico internacional de drogas.

Hace una década, solo había cuarenta mujeres extranjeras encarceladas en la prisión estatal de São Paulo. El considerable aumento de reclusas procedentes de fuera de Brasil propició que estas mujeres fueran trasladadas a la Penitenciaria Femenina de la Capital (PFC), donde en la actualidad cumplen condena más de cuatrocientas extranjeras, que representan a más de la mitad de la población reclusa del penal. El grupo nacional más numeroso lo conforman las sudafricanas, donde el aumento de la demanda de cocaína, junto con la gran desigualdad entre ricos y pobres, ha propiciado una situación social en la que muchas mujeres se ven abocadas a asumir un riesgo enorme con el fin de ganar un dinero rápido. Sin embargo, estas mujeres perciben una porción mínima de los beneficios reales del narcotráfico internacional y, si son detectadas, afrontan largas penas de prisión que pueden ir desde tres hasta quince años, lejos de su casa, de sus hijos, con derecho solo a dos llamadas telefónicas al año.

El sistema de justicia penal brasileño, un legado de los portugueses, es lento y engorroso. Tras ser detenidas, estas mujeres pueden estar esperando entre dos y seis meses para su audiencia pública, y hasta un año para obtener su sentencia definitiva. La ley de drogas en Brasil deja un amplio margen de interpretación al juez, lo que hace que, a menudo, estas sentencias estén influidas por razones ajenas a las propias circunstancias –como el estado de ánimo del juez ese día–, que puede significar una diferencia de varios años en la pena impuesta.

Tras cumplir dos tercios de su condena, los presos tienen derecho a la libertad condicional o bajo palabra. Entonces son libres de abandonar la prisión, pero han de terminar su condena en Brasil. No obstante, para ellas, cuando recobran esa libertad –en tanto que extranjeras sin familia, sin casa o sin los permisos de trabajo pertinentes–, el exterior puede ser un lugar peligroso. En el 2006, un grupo de monjas católicas establecieron un refugio como respuesta a lo que consideraban una falta de apoyo por parte del Estado brasileño o de los consulados extranjeros a sus nacionales una vez estas salían de la cárcel. Una vez cumplida la totalidad de su condena, el problema principal es conseguir un vuelo de vuelta a casa. Algunas de ellas, de hecho, deciden volver a cometer el mismo delito como única forma de poder financiar su viaje de regreso a su país.

A diferencia de otro perfil de reclusos, más conscientes de los riesgos de sus acciones delictivas, muchas de las mujeres en prisión por delitos de tráfico de drogas nunca antes habían cometido un crimen. Generalmente, una sucesión de infortunios lleva a estas mujeres, ya de por sí con condiciones de partida muy difíciles, a enfrentar situaciones de extrema pobreza que las empujan a tomar la decisión de hacer de mulas. En su mayoría, son cabezas de familia que tienen a su cargo varios niños, y en muchos casos son la única fuente de ingresos de tres generaciones familiares; una carga que puede acabar siendo demasiado grande. La oferta siempre llega en el momento de mayor necesidad y se presenta libre de riesgos. Los traficantes en búsqueda de mulas son especialistas en la identificación de mujeres vulnerables y desesperadas, y les aseguran tener buenas relaciones con la policía y los funcionarios del aeropuerto. Nada puede salir mal. No obstante, muchas de estas mujeres nunca son utilizadas para cumplir con éxito su misión. Antes incluso de llegar al aeropuerto, una llamada anónima proporciona su nombre y su descripción a la policía. Esta llamada suele estar realizada por las mismas personas que la han contratado para transportar la droga, en general, hombres pertenecientes a grupos criminales organizados nigerianos, quienes controlan el negocio en Brasil, como estrategia para desviar la atención de otra carga más lucrativa que será introducida al mismo tiempo.

Estos grupos saben que el dinero que ofrecen a las mujeres (aproximadamente entre 600 y 7.000 euros), aun siendo una ínfima parte de sus beneficios, puede marcar una gran diferencia en la vida de una persona en una situación difícil. Por eso siempre habrá mujeres que sigan asumiendo el riesgo, dispuestas a convertirse en mulas. Porque por cada mujer detenida habrá otras que pasen los controles y lleguen a destino. Y siempre habrá nuevas chicas dispuestas a reemplazar a aquellas que hayan sido encarceladas, nuevas mujeres que seguirán siendo consideradas como prescindibles por los hombres que las envían.