2026 empezó enseñando los dientes, nos advirtió Enric Juliana: el imperialismo ya no necesita disimular. El secuestro de Nicolás Maduro por parte de un comando militar estadounidense, precedido de una larga campaña de acoso y sanciones contra Venezuela, nos devuelve a un mundo que ha sustituido la hipocresía por la fuerza bruta. Una fuerza que resucita también uno de los más gastados tópicos propagandistas del siglo XX: la guerra contra las drogas, popularizada por Nixon allá por 1971, y que ya entonces fue una dimensión central en la estrategia imperialista estadounidense. No en vano por esos años se fundó la DEA (Administración de Control de Drogas), y fueron precisamente agentes de este cuerpo los que exhibieron ante el mundo entero a Maduro esposado. 

En efecto, las acusaciones por las que la justicia estadounidense reclamaba a Maduro, lejos de apuntar a la vulneración de los derechos humanos y las libertades civiles de los venezolanos, apuntan a la supuesta implicación del mandatario en el tráfico de cocaína entre Sudamérica y Estados Unidos. El tan cacareado “Cartel de los Soles” que nadie ha sabido explicar qué es y a qué se dedica. El cerco del gobierno de Trump contra Venezuela comenzó el pasado otoño con el bombardeo a supuestas narcolanchas que se aproximaban a la costa caribeña del país latino. En total, se han sumado más de una treintena de ataques y más de un centenar de muertos a consecuencia de esta última cruzada estadounidense. En otras palabras, más de un centenar de ejecuciones extrajudiciales que vulneran los protocolos habituales del Estado de derecho en este tipo de operaciones antinarcóticos: las lanchas fueron atacadas directamente, sin advertencias, sin pruebas presentadas y sin control judicial.

Para la gramática trumpista, el tráfico de drogas es una siniestra conspiración dispuesta a envilecer al país. Los traficantes, y sus aliados en los gobiernos latinoamericanos, ambicionan la destrucción de Estados Unidos y las drogas son su arma para conseguirlo. “Matar a miembros de carteles que envenenan a nuestros ciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas”, declaró el vicepresidente estadounidense J.D. Vance.

Todos los líderes que se enfrenten al poder estadounidense pueden acabar en su punto de mira por narcotráfico. Después de secuestrar a Maduro, Trump le mandó una advertencia a Gustavo Petro, presidente izquierdista de Colombia: “Está haciendo cocaína y la está mandando a Estados Unidos, así que tiene que cuidarse”. Como en todo lo demás, también en esto Trump funciona con la dialéctica amigo-enemigo: el conservador Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022 y condenado a 45 años de prisión por introducir 400 kilos de cocaína en Estados Unidos, fue indultado por el presidente Trump apenas cuatro semanas antes de capturar a Maduro. Así son las cosas cuando se destierran el disimulo y la hipocresía.

Ficción y coartada

Como casi siempre en las “cruzadas contra las drogas”, esta de Trump no deja de ser una gigantesca ficción y una perfecta coartada. Cualquier análisis serio de los problemas generados por las drogas en Estados Unidos concluyen que el problema no está ni en Venezuela, ni en las narcolanchas, ni en la cocaína. 

"Para la gramática trumpista, el tráfico de drogas es una siniestra conspiración dispuesta a envilecer al país. Los traficantes, y sus aliados en los gobiernos latinoamericanos, ambicionan la destrucción de Estados Unidos y las drogas son su arma para conseguirlo"

Siguiendo los datos de un informe de 2020 de la Administración de Control de Drogas del Gobierno estadounidense, solamente el 8% de la cocaína que llega al país lo hace atravesando Venezuela. Según ese mismo documento, es la ruta del Pacífico la que concentra en torno a tres cuartas partes de la cocaína que entra en Estados Unidos, y lo hace principalmente desde las plantaciones en Colombia, Perú y Bolivia. “En los últimos cinco años, el Pacífico se ha consolidado como una de las principales rutas de salida de cocaína”, sostiene un estudio del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo (CIMCON): Esa droga entra mayoritariamente por tierra a través de la frontera sur del país y, según un análisis de El Orden Mundial, “una parte minoritaria de ese tráfico sucede por aire, y ahí los vuelos desde Venezuela sí juegan un papel más destacado, según datos de la ONU”. 

Ni Venezuela ni las narcolanchas, pero tampoco la cocaína es la sustancia que está causando más estragos entre la población norteamericana. El “arma de destrucción masiva”, en palabras del propio Trump el pasado diciembre, que amenaza la integridad y bienestar de la nación es el fentanilo. Este es un fantasma que le acompaña y que sirve a sus propósitos desde hace meses: en el verano del 2025, Trump justificó los aranceles del 30% a los productos mexicanos como represalia contra el gobierno mexicano por, supuestamente, no haber hecho lo suficiente para frenar a los cárteles del fentanilo.

Al calificar formalmente al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, la administración estadounidense sitúa esta sustancia al mismo nivel que la bomba atómica, el gas sarín y armas biológicas como el ántrax. Designar el fentanilo como un arma de destrucción masiva (ADM) abre la puerta al uso de nuevas herramientas legales contra los traficantes de esta sustancia e incorpora al ejército en coordinación con agencias civiles en la lucha contra esta droga. El fentanilo ha ocasionado una gravísima crisis sanitaria en el país, siendo responsable de cientos de miles de muertes anuales por sobredosis. 2022 fue el año más letal, con 110.000 víctimas mortales de este opioide sintético.

Jeffrey Breinholt, jurista y exfuncionario de contraterrorismo del Departamento de Justicia, no cree que las medidas de la Administración Trump vayan a resultar efectivas para combatir el fentanilo. Bajo su punto de vista se trata, simplemente, de una coartada propagandística para “retratar las drogas en todas sus manifestaciones como terrorismo” y reforzar el poder del ejército y del ejecutivo 

De hecho, tanto las muertes por sobredosis como las incautaciones de fentanilo han venido descendiendo desde 2023. En ese año, y según datos de la DEA, se incautaba de media una tonelada de fentanilo al mes en la frontera sur del país. En 2024 y 2025 la media se situó alrededor de los 400 kilos mensuales. 

Para asegurar esa tendencia a la baja en las muertes por fentanilo, se ha propuesto regularizar opioides de calidad farmacéutica controlada para ofrecer alternativas más seguras. Canadá y algunos países europeos han aplicado con éxito programas en esta línea, pero en Estados Unidos nunca se han implementado de forma masiva. Organizaciones por la reducción de daños y grupos de trabajo legislativo han propuesto el suministro regulado de opioides para reducir el impacto del fentanilo ilícito, pero la aplicación de esta medida exigiría cambios profundos en la normativa de la DEA, y se trata de propuesta que enfrentan una fuerte oposición política. Al fin y al cabo, cuando el poder dispone de una coartada tan eficaz no renuncia tan fácilmente a ella.