Luego de los anuncios de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre sus planes para regular el cannabis con fines medicinales, ahora el Partido Popular (PP) pretende obstaculizar el acceso de los derivados de la planta a los pacientes que la necesitan para mejorar su calidad de vida. Esta oposición al Gobierno ha presentado esta semana una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para reducir el uso del cannabis.

La propuesta del PP para “intensificar la prevención y la reducción del consumo de cannabis” la justifican al referenciar el informe “Cannabis: preguntas, respuestas y dudas”, presentado el pasado 12 de enero por la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. En este documento se alerta por un supuesto crecimiento del uso del cannabis que está presente en “un 2,8% de la población de 15 a 64 años”.

Los miembros del Grupo Parlamentario Popular también citan entre sus argumentos a estudios publicados por las revistas científicas British Medical Journal y Nature Genetics, en los que se asegura que el uso de la planta tiene “efectos muy perjudiciales en personas jóvenes, embarazadas y conductores, principalmente”. Por eso, el PP pretende instar con esta proposición no de ley a que el Gobierne intensifique la persecución a las personas que quieren hacer un uso responsable de la planta y sepultar cualquier intención de una regulación integral en España. En el documento, se le pide al oficialismo a “intensificar la prevención y conseguir la reducción tangible de todo tipo de consumo de cannabis en España”.

En lo que significa un reduccionismo sobre el consumo de cannabis, los populares no hacen ninguna distinción entre los fines medicinales, adultos y los mecanismos existentes desde la sociedad civil para reducir los daños en un uso responsable de sustancias. Cáñamo se comunicó con los voceros del Grupo Parlamentario del Congreso para preguntarles más detalles sobre su iniciativa y porqué se oponen a los proyectos regulatorios cuando existen experiencias internacionales que refutan sus argumentos más repetidos, como el posible aumento del consumo entre los jóvenes. Pero hasta el momento se han negado a dar respuestas.

Los populares toman a su favor estudios alarmistas entorno al cannabis, pero ignoran qué ha sucedido en los países que decidieron cambiar sus políticas sobre drogas ante el fracaso del prohibicionismo. Uruguay es un caso: según la última Encuesta Nacional Sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media (jóvenes entre 13 y 17 años), entre 2016 y 2022, se ha reducido el uso del cannabis en un 0,8%. Es decir que, a diferencia de lo que sostiene el conservadurismo, una regulación puede generar un descenso en el consumo adolescente.

Cabe explicar que la proposición no de ley es una iniciativa parlamentaria por la que la Cámara expresa su posición ante una determinada cuestión e insta al Gobierno a seguir una política determinada. Es difícil pensar que los populares encuentren aliados en su ofensiva contra el cannabis, excepto por Vox. Aunque los socialistas también se opongan a una regulación integral, como sucede en el actual Ayuntamiento de Barcelona, es poco probable que se sumen a una ofensiva contra la ministra de Sanidad.