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El ayuntamiento de Barcelona ordena el cierre de varios clubs de cannabis

La federación de clubs CatFAC considera que las órdenes de cierre son una interpretación equivocada de los servicios técnicos de la ciudad.

El ayuntamiento de Barcelona ha ordenado el cierre de varias asociaciones de consumidores de cannabis después de su inspección por parte de técnicos municipales y agentes de la Guardia Urbana. Las inspecciones a los clubs se iniciaron en 2021, después de que el Tribunal Supremo tumbara la regulación de clubs aprobada en el ayuntamiento en 2016. Por ahora se desconoce el número de clubs afectados que han recibido una comunicación ordenando el cierre.

Tras la sentencia del Supremo del 2021, el ayuntamiento de Barcelona comunicó que los clubs de cannabis con licencia dejaban de estar amparados por una licencia específica y pasaban a ser considerados como cualquier otro club privado. “En ningún caso está habilitación permite la promoción del consumo de cannabis, su cultivo, su distribución, ni ninguna otra actuación o conducta que pueda ser constitutiva de infracción administrativa o penal”, comunicó el ayuntamiento a los clubs cuando se iniciaron las inspecciones.

El año pasado ya se realizó una campaña de inspecciones sobre los más de 200 clubs que tenía registrados la ciudad y, aunque se abrieron expedientes a unos 80 de ellos, finalmente sólo se ordenó el cierre de un club en el que se encontraron otras sustancias distintas al cannabis. Según El País, la federación de clubs CatFAC considera que las órdenes de cierre emitidas ahora sólo pueden deberse a una interpretación equivocada por parte de los servicios técnicos de algunos distritos de la ciudad.

El pasado febrero el Parlamento catalán aprobó una propuesta de resolución para reconocer el modelo de los clubs sociales de cannabis y pedir su inclusión como parte de las futuras estrategias relacionadas con las drogas y las adicciones. La resolución instó al Gobierno a implantar un registro de asociaciones de usuarios de cannabis y otras medidas encaminadas a monitorizar y hacer partícipes a estas entidades sociales de reducción de riesgos en las decisiones relacionadas con las políticas de drogas, y a integrarlas dentro de la administración catalana. 

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