El Ministerio de Interior contratará a diferentes empresas de jardinería para destruir cultivos de cannabis en España, por un valor de contratación total de 870.793 euros y por los próximos cuatro años. Así lo reveló días atrás un informe publicado por El País, a partir de un expediente de licitación adjudicado el mes pasado. En esta documentación, la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska aseguró que las plantaciones están ubicadas en lugares de difícil acceso y que se han convertido en “uno de los principales problemas logísticos a los que se enfrentan en la actualidad” las fuerzas de seguridad. 

Esta no es la primera vez que el gobierno español contrata a una empresa privada para que se dedique a destruir los cultivos de cannabis encontrados por la policía. A principios de este año, Cáñamo contó que el Ministerio de Interior había llegado a un acuerdo de 395 mil euros anuales con una compañía para que desmantele plantaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Almería, Granada y Málaga. Esta contratación se realizó después de un llamado de licitación pública.

“En el caso de pequeñas plantaciones, son los propios agentes los encargados de desmantelar las plantaciones, pero en el caso de las grandes plantaciones se ven imposibilitados para desarrollar dicha actividad” por falta de preparación y maquinaria, admitió el Ministerio de Interior en el expediente de la última contratación revelada por El País. Según las estadísticas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, en 2018 se habían desmantelado unas 828.582 plantas. Pero cuatro años más tarde la cantidad de plantas aumentó a 2,8 millones. 

El presupuesto anual destinado por el gobierno para destruir cultivos de cannabis también ha crecido, alrededor de un 10%. Mientras en 2023 se encontró alrededor de los 200 mil euros, para este período aumentó a los 217.698 euros. Además, se ha ampliado la cobertura geográfica de las empresas contratadas para desmantelar las plantaciones. Otro cambio a destacar es la cobertura geográfica de estas compañías, ya que Granada no será más la provincia a la que más se le destinen fondos. Ahora, el foco estará puesto en Almería, a la que se destinará el 40% del dinero.