Endesa detectó 32.000 fraudes eléctricos entre enero y junio de 2025, señalando como responsable en buena medida al cultivo de cannabis en espacios interiores. La compañía, en un comunicado de prensa, cifra en 111 millones de kWh la energía recuperada, una cantidad que, según sus estimaciones, equivale al consumo eléctrico de unas 80 viviendas por cada plantación intervenida. El impacto, advierten, no solo es económico, ya que también afecta a la seguridad del suministro y al riesgo de incendios o sobrecargas.

Según su último informe técnico, hasta un 30% de los fraudes eléctricos estarían vinculados a cultivos “indoor” conectados de forma ilegal a la red general. Endesa alerta del crecimiento sostenido del fenómeno en distintas regiones del país, en particular en zonas urbanas con alta densidad poblacional y subraya que el marco penal español favorece la reincidencia, ya que estas conexiones ilegales están tipificadas como delito leve, sancionado únicamente con multa y sin consecuencias penales de mayor alcance.

Ante esta situación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó en julio de 2025 una serie de propuestas regulatorias con el objetivo de unificar sanciones, establecer protocolos comunes de inspección, proteger a usuarios no implicados en el fraude y mejorar la trazabilidad de las conexiones ilegales. La iniciativa busca también reducir la arbitrariedad en los cortes y reforzar la seguridad jurídica en contextos vulnerables.

No obstante, organizaciones como la APDHA vienen advirtiendo que centrar la explicación en el “cultivo ilícito” puede funcionar como una distracción frente a la precariedad estructural del sistema eléctrico. En barrios de Sevilla con cortes crónicos, como el Polígono Sur, colectivos vecinales han llevado el caso a la Fiscalía y reclaman inversiones reales, denunciando una criminalización que desplaza el foco del problema y estigmatiza a comunidades enteras sin aportar soluciones duraderas.

A escala europea, España concentra el 30% del cannabis incautado en la Unión Europea, un dato que refleja la expansión de un mercado clandestino en ausencia de regulación. Mientras tanto, los costes energéticos, sociales y penales siguen recayendo sobre los sectores más precarizados del país, sin mecanismos eficaces de respuesta pública.