El Gobierno de España esperó al último día para presentar su recurso a la ley catalana 13/2017 del 6 de junio ante el Tribunal Constitucional. Fue el pasado 13 de octubre, cuando se cumplían tres meses desde la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOG), fecha límite a partir de la cual, de no haber sido recurrida, habría entrado en vigor.

La situación que se vive en Cataluña pudo hacer creer a algunos que el celo represor del gobierno central estaría distraído, pero no; tal y como se esperaba, por el precedente de la Ley de Adicciones vasca y la ley de regulación navarra –ambas recurridas ante el TC y actualmente en suspenso–, la ley catalana prevista para regular las asociaciones de consumidores de cannabis ha sido abortada.

Al admitir el Tribunal Constitucional a trámite el recurso del gobierno, queda automáticamente anulada una ley que fue impulsada por la iniciativa popular de la Rosa Verda, respaldada por más de 60.000 firmas y aprobada tras un intenso debate parlamentario con el consenso de todos los diputados del parlamento catalán, a excepción del PP (119 contra 8). Esta ley daba respuestas a las demandas cívicas de la sociedad catalana y su final arrojará a la ilegalidad a cientos de asociaciones cannábicas, dejando en manos del mercado negro a sus miles de afiliados. Una falta de respeto a la voluntad popular, a los derechos individuales y a la salud pública, así como al excelente trabajo hecho desde el Parlamento catalán y al esfuerzo de cientos de personas que promovieron esta iniciativa.

Durante tres meses las asociaciones cannábicas han sido legales, ahora falta saber si la cosecha realizada en la legalidad puede suponer un problema. Desde la entidad promotora de la Rosa Verda se ha iniciado una campaña de recogida de firmas para evitar la suspensión de la ley. Se puede firmar en: http//chn.ge/2z9BtyE.