Una semana después de que ERC y Más País presentaran sendas propuestas de ley para regular el cannabis, Unidas Podemos registró la suya en el Congreso de los Diputados. La última es la propuesta más extensa y completa de las tres, e incluye casi todos los aspectos determinantes para una regulación del cannabis aunque deja de lado la regulación sobre el cannabis medicinal, considerando que su desarrollo debe hacerse en una ley aparte.

El texto propone la creación de una Agencia Española de Control de la Regulación Integral del Cannabis, un ente público independiente y encargado de supervisar y controlar todo lo relativo al cumplimiento de la ley que quedaría adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La agencia tendría delegaciones territoriales en cada comunidad autónoma y estaría compuesta por una Dirección General de una persona titular, una Junta Directiva de 11 miembros de distintos ministerios y con representación territorial y un Consejo Consultivo de diez personas con representación de las asociaciones empresariales con licencia, de las federaciones de clubes de cannabis cooperativos y de las asociaciones de autocultivadores de cannabis.

La proposición incluye tres vías de acceso adulto al cannabis: el autocultivo, los clubs de cannabis y la venta comercial. El autocultivo queda limitado a 20 metros cúbicos para los cultivos en exterior y a 4 metros cúbicos con 1200 vatios de potencia en cultivos de interior. Los cultivos deberían permanecer ocultos y fuera del acceso y la vista de terceras personas, y en caso de que haya más de una persona en un mismo domicilio que desee cultivar no se podrá cultivar más del doble de los establecido para una persona. También, adicionalmente, se permite un espacio para la conservación de plantas madre y esquejes.

Según la propuesta cada cultivador podría almacenar un máximo de 3650 gramos de cannabis por año, un kilo de extracciones, otros productos psicoactivos con un máximo de 365 gramos de THC, o bien una combinación proporcional de varios. En el caso de la tenencia en la vía pública se establecen los siguientes límites: 100 gramos de cogollos, 30 gramos de extracciones, 10 gramos de THC en otros productos o bien una suma proporcional.

Todo el sistema comercial ligado a la planta queda sujeto a la obtención de licencias. Para la cadena comercial típica se definen licencias separadas para la producción, la transformación, la distribución y la venta en dispensarios. En la mayoría de los casos la propuesta prohíbe la obtención de múltiples licencias para una sola persona jurídica para evitar la creación de grandes empresas que monopolicen el mercado o con las que los pequeños productores no puedan competir.

A diferencia de las otras propuestas, la de Unidas Podemos introduce dos formas adicionales de producción con ánimo de lucro además del modelo de empresa típico. Por un lado introduce la figura de las “sociedades cooperativas de microproductores” que permite la creación de cooperativas de pequeños cultivadores independientes que podrían cultivar y producir cannabis y derivados para su venta posterior a empresas de transformación de cannabis, a clubes sociales licenciados o establecimientos de venta al público. Por otro lado, se crea la figura de los “clubs sociales de cannabis licenciados”, una modalidad de club con consideración de empresa y con potestad para producir cannabis y derivados para su venta directa a clientes, con la única limitación de la potencia lumínica por metro cúbico (100 vatios para exterior y 300 para interior).

Este modelo no elimina el de los tradicionales clubs sin ánimo de lucro, la propuesta sigue contemplándolos bajo el nombre de “clubs sociales cooperativos”. Estos seguirían funcionando de manera similar a como lo han hecho hasta ahora, con la salvedad de que deberían solicitar una licencia para su actividad y no podrían comprar cannabis para sus miembros, sino solo cultivarlo con un máximo por socio de 6 metros cúbicos de cultivo exterior y 300 vatios en un metro cúbico para interior (con un límite total por club de 90 kilos anuales). Los clubs cooperativos podrían realizar extracciones mecánicas de cannabis pero no extracciones con solventes.

De este modo una persona adulta podría conseguir cannabis cultivándolo en su casa, participando de un cultivo colectivo como socio de un club cooperativo sin ánimo de lucro, comprándolo directamente a un club licenciado o a un dispensario de cannabis. La propuesta establece un máximo por cada compra o dispensación de 25 gramos de cogollos, 12,5 gramos de extracciones, 2,5 gramos de THC en productos con cannabis o una combinación proporcional de varias.

En la propuesta el consumo de cannabis queda restringido al ámbito privado y a los clubes sociales de cannabis cooperativos y licenciados, e introduce una licencia de sala de consumo de cannabis que podría ser solicitada por cualquier persona jurídica para su puesta en funcionamiento en sitios distintos a un domicilio cumpliendo con unos requisitos.

Los grow shops también contarían con una licencia específica y serían los únicos comercios con permiso para vender semillas, plántulas, esquejes o plantas madres directamente al consumidor. Otras licencias específicas que introduce Unidas Podemos son la licencia para la extracción de derivados del cannabis mediante solventes, la licencia para laboratorios de control de calidad de productos del cannabis, la licencia de producción y comercialización de semillas de cannabis, la de investigación botánica con cannabis y la destinada a los dispensario de cannabis no psicoactivo (menos del 1% de THC).

Las actividades comerciales con la planta quedan sujetas a la obtención de las licencias correspondientes y se definen una serie de requisitos para la cadena de producción en materia de registro, seguridad, trazabilidad, envasado, etiquetado, transporte y control de calidad, entre otros. El texto impone que las empresas con licencia de producción que quieran cultivar en interior deberán hacerlo usando un 90% de potencia eléctrica proveniente de energía renovable producida por la propia empresa.

La propuesta introduce un impuesto para los productos de venta al público (gradual en base al contenido de THC) y otro para los servicios y las operaciones de venta de productos del cannabis entre las empresas con licencias, proponiendo destinar el 66% de lo recaudado a partidas presupuestarias relativas a educación, sanidad y Agenda 2030.

También se contempla la venta de cannabis a personas adultas no residentes en España y la compra con reparto a domicilio, la importación y exportación y un sistema de sanciones para los casos de incumplimiento de la ley. La propuesta incluye la modificación de la ley de 1967 sobre estupefacientes y la Ley de Seguridad Ciudadana para eliminar las sanciones sobre el uso de la planta, y también introduce la anulación de las condenas, los antecedentes penales y los procedimientos judiciales en marcha sobre delitos que dejan de serlo a partir de la promulgación de la ley.