Hace treinta años que se empezó a pedir la regulación para acceder a una sustancia cuyo consumo ya era una realidad. Se trata ni más ni menos que de defender el derecho al desarrollo de la libre personalidad de los usuarios. Si uno escoge ser consumidor de una sustancia y constata el beneficio que le aporta, ¿por qué se le impide su uso?
Treinta años atrás, Arsec propuso el autocultivo colectivo como solución al abastecimiento de una sustancia cuyo consumo está permitido. Al final del proceso judicial las máximas autoridades sentenciaron que aquello era delito por considerarse un peligro abstracto. Entendimos que protegiendo el cultivo y controlando la sustancia, evitando que esta se derive a terceras personas ajenas al cultivo, el problema de ser peligro abstracto estaría solucionado.
Y sí, se pudieron registrar estatutos asociativos con esta finalidad de cultivo compartido. La Generalitat de Cataluña, a través de la Dirección General de Derecho y entidades jurídicas del Departamento de Justicia, lo permitió tras solicitar informes al Departamento de Interior y a la Fiscalía Provincial de Barcelona. La Fiscalía archivó entonces las actuaciones al no encontrar que un cultivo compartido, sin ánimo de lucro y para el uso de un circuito cerrado de socios que impedía el acceso a terceras personas fuera un hecho constitutivo de infracción penal. Eso sí, estaría vigilante para que no se incurriera en conductas tipificadas como delito, en definitiva, que no hubiera una venta indiscriminada.
Así nacieron los clubs sociales de cannabis (CSC) que se extendieron por todos los rincones de la península y sus islas. Una realidad que las administraciones más cercanas a los ciudadanos reconocieron y aceptaron. Los cannábicos entonces presionaron para que se les regulara con el fin de tener una seguridad jurídica. Varios ayuntamientos impulsaron ordenanzas municipales en sus planes urbanísticos y tres comunidades autónomas se atrevieron a crear leyes específicas para recoger las demandas de los clubs sociales. Pues bien, el Tribunal Supremo sentenció que no eran competentes, que el único parlamento capacitado para legislar es el español, ya que las drogas son una competencia exclusiva del Estado. Ahora, con el gobierno supuestamente más progresista de nuestra democracia, la regulación del cannabis sigue esperando y los CSC no paran de ser intervenidos.
También hace veinte años que los cannábicos fueron invitados por primera vez ante la Comisión Mixta del Parlamento dedicada al estudio de la problemática de las drogas. Allí se hizo evidente la falta de conocimiento que tenían los políticos sobre la planta. Y en veinte años parece que no han aprendido mucho: “El cannabis es droga y la droga es droga”, se escuchó decir el otro día en esa misma Comisión Mixta. Una ignorancia y un desprecio que chocan con un contexto internacional favorable a la regulación. Este 2021 será el año del cambio global, con Estados Unidos y México a un paso de proclamar la legalización de la marihuana en todos sus territorios. ¿Seguirá España esta senda de progreso o seguiremos en las mismas?
