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Brasil debate la regulación de vaporizadores de cannabis terapéutico

El órgano regulador sanitario abrió una consulta pública sobre el acceso al cannabis medicinal.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) inició un proceso formal para revisar la regulación de productos derivados del cannabis medicinal, incluyendo los vaporizadores. El 26 de marzo de 2025, Anvisa aprobó la Consulta Pública nº 1.316/2025, que estará abierta durante 60 días para recibir aportes de la sociedad civil, profesionales de la salud y organizaciones del sector.

Actualmente, el uso de productos con cannabidiol (CBD) y otras formulaciones derivadas del cannabis está permitido bajo autorización excepcional, pero los dispositivos de administración inhalada, como los vaporizadores, siguen excluidos. Esta situación ha generado un debate sobre la coherencia regulatoria del país y las verdaderas barreras de acceso para pacientes que podrían beneficiarse de terapias más eficaces y seguras.

Desde el Ministerio de Salud se ha expresado la necesidad de actualizar el marco regulatorio para incorporar otras formas de consumo médico del cannabis, argumentando que algunas patologías responden mejor a la administración por vía inhalada, especialmente con control de dosis y bajo supervisión clínica.

En palabras de especialistas citados por medios como Talking Drugs, el uso de vaporizadores podría representar una opción menos invasiva, con efectos rápidos y mejor control de dosis. El obstáculo principal radica en que todavía se asocia con la combustión de cannabis con fines recreativos, incluso cuando hay evidencia clínica que respalda su uso médico.

En el contexto latinoamericano, países como Colombia y Uruguay ya permiten la comercialización de dispositivos médicos para la administración de cannabis. En México, también se abrió la puerta a un debate más técnico sobre las formas de consumo médico. En comparación, Brasil avanza con lentitud, limitado por la fragmentación institucional y las disputas ideológicas internas.

El caso brasileño ilustra cómo la regulación de dispositivos relacionados con el cannabis terapéutico no depende solo de evidencia científica, sino también de disputas burocráticas e intereses contrapuestos dentro del propio Estado.

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