Los datos oficiales de la Cannabis Regulatory Commission (NJ-CRC) muestran que el conteo bajó a 51.776 pacientes activos al 15 de diciembre de 2025, muy por debajo del techo que rozó los 129 mil en 2022, en una tendencia que reabre el debate sobre qué incentivos reales quedan para seguir “dentro” del sistema médico.
La curva está documentada mes a mes por la propia NJ-CRC. En mayo de 2022 el registro alcanzó 129.369 pacientes y, un mes después, se mantenía en 129.001. Desde allí, el descenso se volvió constante mostrando que a mediados de enero de 2025 había 65.433 personas inscritas y, al 15 de diciembre de 2025, quedaban 51.776. En términos simples, el programa perdió más de 77 mil pacientes respecto del punto alto de 2022 (cerca de un 60% menos), con una caída cercana al 21% solo durante 2025.
La explicación de que parte del público migra al mercado recreativo cuando ya no necesita credencial se cruza aquí con otras variables. En 2024, el medio Marijuana Moment recogió declaraciones atribuidas a la dirección ejecutiva del organismo regulador, indicando que muchos pacientes estarían abandonando el programa no tanto por el precio de la tarjeta, sino por costos que el Estado no controla, como las consultas médicas necesarias para certificar y renovar la recomendación. En esa lectura, el “filtro” termina desplazándose del mostrador del dispensario a la puerta del consultorio.
En respuesta, la NJ-CRC intentó abaratar el acceso administrativo. A fines de 2023 anunció que el costo de registro y renovación bajaría a US$10 por dos años (desde una estructura que, en los años previos, había sido mayor) y en 2024 sumó la opción de credencial digital gratuita. El problema es que el alivio en la tasa estatal convive con un mercado de certificaciones médicas que puede volver a encarecer la permanencia en el sistema, especialmente para quienes requieren continuidad terapéutica y no “compras ocasionales”.
Al mismo tiempo, el marco regulatorio mantiene diferencias relevantes entre uso adulto y uso medicinal. Según las preguntas frecuentes del programa de pacientes, la recomendación médica puede habilitar hasta 84 gramos de compra mensual. En cambio, el mercado de uso adulto está limitado por transacción a la equivalencia de 28,35 gramos y esto no es menor porque en un esquema donde el precio importa, la capacidad de compra y la previsibilidad mensual es vital para quienes dependen del cannabis como tratamiento.
Lo que ocurre en Nueva Jersey muestra que, cuando el cannabis deja de ser una excepción médica y se vuelve consumo regulado, los programas medicinales quedan obligados a justificar su existencia con algo más que una tarjeta. Si la medicina queda reducida a un carril preferente en la fila, pero no resuelve barreras económicas, continuidad clínica y acceso sostenido, el riesgo es que el mercado recreativo termine absorbiendo a pacientes que, en los hechos, no buscaban libertad de elección, sino estabilidad terapéutica.
