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Compañías de transporte de cannabis demandan al estado de Illinois por discriminación

Siete pequeñas empresas sostienen que el Departamento de Agricultura le facilitó licencias a grandes firmas que ya operaban en la industria el cannabis.

Siete pequeñas empresas de transporte de cannabis de Chicago han demandado al Departamento de Agricultura de Illinois, en EEUU, porque aseguran que el organismo del estado tiene prácticas discriminatorias hacia ellos y que favorecen a las compañías de mayor envergadura que son propiedad de hombres blancos.

La demanda fue presentada semanas atrás en la Corte de Circuito del Condado de Sangamon y llevada a cabo por las empresas ACC of Illinois Transportation, Runway Logistics Services, Hands to Heart, Reliavan, Fade Express, Piff Patch y Moettas Transports. Estas compañías, en su mayoría propiedad de mujeres y afrodescendientes, sostienen que, en 2021, el Departamento de Agricultura emitió unas solicitudes de licencia para transporte de cannabis con criterios de cumplimientos más bajos empresas de cultivo de la planta que ya contaban con un permiso estatal para producir cannabis con fines medicinales. Esto ocurrió antes que el organismo le hubiera otorgado la mencionada licencia a alguna empresa de transporte independiente.

Los demandantes tardaron al menos un año en obtener la aprobación para iniciar sus operaciones porque tenían un proceso de solicitud más largo. Para entonces, los distribuidores más grandes “que fueron aprobados rápidamente para operar, ya estaban transportando su propio cannabis por todo el estado. Y lo habían estado haciendo durante más de un año”, sostiene la demanda.

“Sin una base de clientes, los transportistas independientes no tenían la oportunidad de lograr el éxito comercial o de pagar la deuda acumulada relacionada con la solicitud de su licencia o la gestión del negocio”, aseguran las siete compañías que iniciaron una demanda contra el estado de Illinois. Ellas reclaman una indemnización por daños y perjuicios de una cantidad no especificada por las futuras ganancias perdidas como resultado de la presunta discriminación por el Departamento de Agricultura, así como los honorarios de los abogados.

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