A partir de la recolección de datos al interior de la industria, se calculó que unas 1.014 empresas sostienen la actividad minorista y que, sumando retail, mayoristas y manufactura, el sector supera los US $2.700 millones en ventas.

La lectura económica se extiende a la cadena completa ya que el informe proyecta un impacto total de 6.500 millones de dólares en el estado y unos US $169,1 millones que llegaron a gobiernos estatales y locales vía impuestos. En empleo, atribuye cerca de 4.750 puestos al retail, 6.300 a la distribución y 2.500 a la manufactura, con más de US $545 millones anuales en salarios.

El estudio estima unos 220 comercios y alrededor de 475 millones dólares en ventas anuales, con cerca de 31 millones por impuesto a las ventas. En paralelo, la ordenanza O2025-0021018 –recomendada para aprobar en comité el 3 de diciembre y postergada en el Concejo el 10– busca que la venta quede restringida, en la práctica, a negocios de cannabis autorizados.

Según CBS Chicago, el gobernador J.B. Pritzker ha criticado los productos de cáñamo por el que podría generar para los menores y por competir directamente con el cannabis regulado. El alcalde Brandon Johnson se opone a la prohibición, planteando su regulación, donde la compra sea autorizada desde los 21 años, etiquetado y testeo, y un impuesto que aspiraba a recaudar 10 millones de dólares. La estación televisiva agrega que la alcaldía retiró ese plan del presupuesto 2026 tras una restricción federal aprobada en el Congreso que prohibirá, desde noviembre de 2026, productos de cáñamo o CBD con más de 0,4 mg de THC.

Los números consolidan al “hemp THC” como economía real, pero no despejan el dilema sobre cómo encajar un mercado de THC derivado del cáñamo en normas pensadas para fibra y CBD. Illinois enfrenta la decisión de construir una regulación basada en controles comparables al cannabis legal o una secuencia de prohibiciones que empuje el consumo a circuitos menos visibles.