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Kenia aprueba su nueva política de drogas

El gabinete de Kenia aprobó recientemente la “Política Nacional para la Prevención, Gestión y Control del Alcohol, las Drogas y el Abuso de Sustancias”. El texto refuerza la prevención, regulación y tratamiento. La reducción de daños se menciona, pero sin metas ni presupuesto.

¿Qué cambia en la práctica? NACADA (la Autoridad Nacional para la Campaña contra el Abuso de Alcohol y Drogas de Kenia) coordinará la respuesta; la edad legal para comprar, vender y consumir alcohol subiría a 21 años; se limitan publicidad y disponibilidad; y se crea un fondo financiado con un gravamen para sostener programas de prevención y tratamiento. Varias medidas aún requieren leyes del Parlamento para entrar en vigor.

Sin embargo, la política no compromete financiamiento específico para servicios probados como los programas de agujas y jeringas (NSP), la terapia con metadona o la distribución de naloxona (OAT). Esto ocurre en un contexto de recortes y la pausa de los fondos enviados desde EE UU dejó clínicas cerradas o reducidas y existe una brecha estimada de 441 millones de euros para sostener la respuesta.

Por su parte, la Asamblea Nacional ingresó el “Harm Reduction Bill, 2025”, impulsado por la representante de Nairobi Esther Passaris. El proyecto obliga a ofrecer NSP, OAT y servicios vinculados a VIH e ITS en el sistema público y asigna responsabilidades a los gobiernos nacional y de condado. Su memorándum indica que no generará gasto adicional, por lo que el tema presupuestario sigue abierto.

La comparación regional ofrece una pista. En Sudáfrica, el Plan Maestro Nacional sobre Drogas incorporó explícitamente NSP y OAT y programas públicos como COSUP muestran que, con mandato y financiamiento, la reducción de daños se integra como política sanitaria.

La nueva política fija rumbo, pero el impacto dependerá de leyes habilitantes y un presupuesto estable. Sin ellas, los servicios seguirán frágiles y la oportunidad de reducir VIH, sobredosis y estigma puede volver a perderse. Por eso, y si Kenia quiere proteger derechos , debe convertir la intención en cobertura real con servicios financiados y disponibles.

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