La regulación del cannabis en México se queda en el limbo

La regulación del cannabis en México se queda en el limbo

El pasado viernes se agotó el plazo para regular sin que hubiese ningún decreto aprobado. Podría haber una nueva prórroga para un periodo extraordinario.

El proyecto de regulación de la producción de cannabis y el uso adulto en México ha vuelto a quedarse colgado después de que el pasado viernes día 30 de abril finalizara el periodo para aprobar un decreto. Se trata de la tercera prórroga que agota el poder legislativo del país, después de que la Suprema Corte de Justicia concediera sucesivas extensiones del plazo para promulgar la regulación, inicialmente establecido para el 30 de octubre de 2019.

Ahora el proyecto de ley, que había quedado estancado en el Senado con varias inconsistencias legales y numerosas críticas, tiene un futuro incierto. Según expertos en políticas de drogas, el proyecto podría seguir siendo abordado próximamente si se solicita y aprueba un nuevo periodo de carácter extraordinario, pues las sesiones legislativas han terminado. La otra opción, más probable, es que el proyecto se retome a partir de septiembre, cuando se asuma una nueva legislatura con nuevos diputados tras las elecciones del próximo 6 de junio.

“Tuvieron casi un mes para discutirla y legislar pero no lo hicieron, sólo nos dieron 'pan y circo', nos están dando la espalda, nos quieren dejar en limbo y piensan que la regulación no importa”, dijo a la agencia EFE un portavoz de la asociación activista Plantón 420, que se manifestó junto a otras 100 personas el pasado sábado.

México lleva dos años elaborando la regulación del uso de cannabis para adultos con numerosas postergaciones. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado el pasado noviembre y luego pasó a la Cámara de Diputados, donde fue modificado y aprobado el pasado marzo. Luego volvió al Senado, donde dos comisiones revisaron y aprobaron las modificaciones, pero varios senadores advirtieron que el texto de ley aprobado incluye inconsistencias legales y defectos. Además de los errores legales, el proyecto ha sido muy criticado por organizaciones civiles por estar diseñado para favorecer los intereses empresariales de empresas extranjeras y criminalizar a indígenas y campesinos.

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