Según informó el medio local WOWT, ya se produjo la primera postulación desde que la comisión se conformó oficialmente hace tres meses. Los solicitantes, Derek Cats y Darren Canby, se reunieron con el organismo y con el fiscal general John Cartier. Este último aclaró que la revisión buscará profesionalismo, experiencia previa bajo licencias y la ausencia de sanciones o quejas y así disminuir el riesgo de desvío hacia mercados no regulados.

Por su parte, los solicitantes afirmaron que ya tienen experiencia con cultivos legales en Colorado y que el proyecto podría generar empleo e ingresos frescos para la reserva indígena. Es en este contexto que la tribu viene avanzando con una rapidez y que contrasta con el ritmo estatal, aprobando reglas internas, recibiendo solicitudes y proyectando abrir su primer punto de venta en abril. Para sostener ese plan se apoya en el Capítulo 51 (Cannabis Control Code), sancionado en julio de 2025, que regula cultivo, procesamiento, distribución, testeo y venta dentro de su jurisdicción.

Cartier explicó que la estructura se ordena alrededor de una comisión de cinco integrantes y de una licencia “vertical” para el corto plazo –del cultivo a la venta–, otorgada a la tribu o a un socio. Esa integración incluye también transporte y testeo. El funcionario vinculó el apuro a razones fiscales: anticipó recortes “de hasta 30% a 40%” en programas y describió el cannabis como una opción de ingresos y trabajos.

Más que una anécdota administrativa, el caso Omaha muestra cómo la regulación del cannabis se volvió una disputa por jurisdicción y recursos. Si se construye un puente institucional, el control sanitario y la trazabilidad pueden convertirse en terreno común. Si no, la frontera seguirá gestionándose a fuerza de conflictos, con los pacientes y las comunidades como variable de ajuste.