La pasada semana el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó la ley que regula el uso, la posesión, la venta y el autocultivo de cannabis para uso recreativo. La noticia llegó pocos días después de que se anunciara que los legisladores del estado y el gobernador habían alcanzado un acuerdo para la ley. La ciudad de Nueva York, la más famosa y poblada de EE UU, y el resto del territorio serán el nuevo territorio de uso legal del cannabis para adultos.

El gobernador Cuomo había intentado llevar a cabo una regulación en el estado en varias ocasiones que habían acabado frustradas por falta de acuerdos. “Este es un día histórico, uno que corrige los errores del pasado poniendo fin a las duras sentencias de prisión, abraza una industria que hará crecer la economía del Empire State y da prioridad a las comunidades desatendidas para que aquellos que han sufrido más sean los primeros en cosechar los beneficios”, dijo Cuomo en declaraciones recogidas por Marijuana Moment.

La ley permitirá la adquisición de cannabis para mayores de 21 años en establecimientos que se espera que se pongan en marcha a partir de 2022, y permitirá a las personas mayores de edad llevar hasta 85 gramos de cannabis o 24 de concentrados sin temor a una sanción. A las personas que tengan condenas por actividades relacionadas con el cannabis que pasen a ser legales con la nueva ley se les borrarán automáticamente sus registros penales. También se permitirá el cultivo de hasta seis plantas por persona y un máximo de 12 por hogar en caso de convivir más de un consumidor.

No obstante, el autocultivo doméstico tardará un tiempo en poderse realizar: los legisladores han establecido un periodo de seis meses desde ahora para dar inicio al autocultivo entre los pacientes, pero en el caso de los usuarios recreativos tendrán que esperar 18 meses desde que se ponga en marcha la venta en establecimientos, esto es, para 2024 aproximadamente.

La ley también establece un objetivo para que el 50% de las licencias comerciales de venta y distribución sean emitidas a solicitantes de equidad social, lo que incluye a personas con condenas pasadas por marihuana, personas que viven en áreas económicamente desfavorecidas o donde la criminalización del cannabis se ha aplicado de manera discriminatoria, y también empresas propiedad de mujeres, minorías, veteranos discapacitados y agricultores con dificultades financieras.